Gobernadora del Valle tomó drástica decisión sobre la orden de arresto de la JEP

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Clara Luz Roldán anunció que desde el 29 de diciembre cumplirá el fallo proferido por la Jurisdicción, anunciado después de que no asistiera a unas audiencias.

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que mañana, 29 de diciembre, cumplirá el fallo proferido por la JEP.

Cabe recordar que, la Jurisdicción le ordenó por dos días un arresto inconmutable de la Gobernadora de Valle obedece a la “falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas, a las medidas de protección para las víctimas de desaparición forzada”. La decisión se tomó luego de que Roldán no asistiera a una audiencia de seguimiento a medidas cautelares para proteger 36 cementerios en los que habría víctimas de desaparición.

(Vea también: “Hemos tenido total cumplimiento con las víctimas”: Clara Luz Roldán)

“Qué ironía, cuánto criminal libre porque se acoge a la JEP, nombrados gestores de paz, sin un día de cárcel ni reparación a sus víctimas.”.

Clara Luz Roldán a través de X.

Además, añadió que familias enteras están a la espera de la verdad, justicia y reparación.

“Funcionarios que llevamos años trabajando duro por la paz, somos perseguidos de manera desproporcionada con medidas administrativas sin justificación”.

Clara Luz Roldán a través de X.

(Lea también: Encuentran a joven que desapareció hace 14 años en Antioquia; JEP dará restos a familiares)

Pulzo complementa

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el arresto del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, y de los alcaldes de Riosucio, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, y de Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga. La medida se tomó debido al incumplimiento de órdenes emitidas por la JEP en relación con medidas cautelares destinadas a proteger a las víctimas de desaparición forzada en el territorio Ancestral indígena San Lorenzo, de los embera.

La JEP había emitido medidas cautelares en septiembre del año pasado, incluyendo la creación de comisiones para explorar zonas donde podrían haber víctimas desaparecidas. Sin embargo, la implementación de estas medidas se vio obstaculizada por problemas logísticos y burocráticos entre las autoridades locales e indígenas, las Alcaldías de Riosucio y Supía, y la Gobernación de Caldas. La JEP concluyó que las autoridades incumplieron las órdenes y actuaron con culpa grave al no buscar alternativas para dar cumplimiento a las mismas, a pesar de los requerimientos y el seguimiento realizado por la JEP.

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