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La Fiscalía informó a través de un comunicado acerca de la diligencia judicial que se hizo con las propiedades de la banda criminal en Colombia.
Las autoridades colombianas ocuparon con fines de extinción de dominio bienes del ‘Clan del Golfo’ que, al parecer, tendrían un costo de 41.000 millones de pesos (unos 9,5 millones de dólares), informó este martes la entidad.
Esas propiedades, detalló la Fiscalía, pertenecen a Aristides Manuel Meza Páez, alias “El Indio”, quien murió en un operativo en marzo de 2018 cuando era considerado el número tres del ‘Clan del Golfo’, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
“La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocupó 598 bienes que harían parte del patrimonio ilegal de presuntos integrantes del ‘Clan del Golfo’. Se trata de 10 predios rurales, 5 urbanos, 8 vehículos, 2 sociedades y 1 establecimiento de comercio y 572 semovientes”, agregó la información.
Sobre los bienes fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Están ubicados en Arjona y Turbaco (ambos en Bolívar), así como en Medellín y Bogotá.
“El material de prueba recaudado evidenció que ‘el Indio’ sería el responsable del tráfico internacional de cocaína, además de coordinar las estructuras armadas con influencia en la costa Caribe y Pacífica”, detalló la Fiscalía.
En esa línea, explicó que esas propiedades “habrían sido adquiridas con dineros producto del envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México, con destino final a Estados Unidos”.
La droga era escondida en contenedores que eran embarcados, en su mayoría, en la zona portuaria de Cartagena de Indias.
(Lea también: El ‘Clan del Golfo’ en Colombia: quiénes son y por qué tiene relevancia nacional)
Alias ‘el Indio’ era considerado como el responsable de varios grupos del ‘Clan del Golfo’ con influencia en las costas del Caribe y el Pacífico, especialmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y San Andrés, así como en parte de las regiones del Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.
Sobre él pesaba una orden de detención por los delitos de terrorismo, amenazas, obstrucción a vías públicas y homicidio. Además, tenía una notificación azul, usada por la Interpol para que las autoridades puedan obtener más información sobre la identidad de una persona involucrada en un asunto penal.
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