¿Sobrecostos y retrasos en Santa Marta? El escándalo detrás de las obras del Coliseo de Gaira

Carlos Caicedo Omar, exalcalde de Santa Marta, enfrenta una investigación fiscal por presuntas irregularidades dentro de la contratación y ejecución de las obras del Coliseo Deportivo de Gaira, un caso que ha vuelto a poner sobre la mesa las debilidades de la gestión pública en el país. La Fiscalía le ha imputado cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, apuntando a un contrato firmado en octubre de 2015. Según la entidad, el acuerdo careció de estudios previos, licencias pertinentes y un proceso de planeación adecuado que, además, habría favorecido a un solo contratista, concentrando así todos los riesgos y beneficios en un único actor.

Lo que agrava la situación, según los hallazgos del ente investigador, es que el contrato estipulaba un lapso de ejecución de solo dos meses y tres días, una meta inalcanzable para un proyecto de la magnitud del coliseo. Esto provocó cinco prórrogas sucesivas que dilataron la entrega de la obra hasta abril de 2019, casi cuatro años después de la fecha inicial pactada. A este retraso se suman presuntos sobrecostos por casi 700 millones de pesos, cifra que no contaría con las justificaciones técnicas ni respaldos de estudios de mercado; una situación que, de acuerdo con la fuente original, representa una clara infracción a los principios de economía y responsabilidad en el gasto público.

Las dudas sobre la transparencia y legalidad de este proceso no son nuevas. La Procuraduría ya se había pronunciado en 2023 con cargos contra Caicedo por irregularidades relacionadas con la obtención de permisos y el manejo de los plazos contractuales. Este seguimiento de los organismos de control regionales pone de manifiesto un patrón recurrente en municipios colombianos, donde la opacidad y el incumplimiento de normas para la contratación pública facilitan entornos propicios para casos de corrupción y detrimento patrimonial a escala local.

Un análisis más amplio, basado en informes de Transparencia por Colombia e investigaciones de la Universidad Nacional, sostiene que estas irregularidades responden a deficiencias sistémicas que afectan a la infraestructura pública a nivel nacional. El sector de la contratación en obras civiles es especialmente vulnerable a prácticas indebidas, entre ellas el direccionamiento de pliegos, ampliaciones de contratos sin justificación válida y manipulación de costos, elementos que repercuten negativamente en la calidad y oportunidad de las obras, además de generar pérdidas económicas para el Estado.

Para hacer frente a estas problemáticas, herramientas como la plataforma NINA del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) han permitido a la ciudadanía y a los investigadores rastrear conexiones y detectar irregularidades en las administraciones locales, aportando una nueva dimensión a la vigilancia y a la exigencia de rendición de cuentas. En Santa Marta, la modernización de la infraestructura deportiva, como el Coliseo de Gaira, ha tenido objetivos ambiciosos de desarrollo urbano, pero sus avances quedan opacados por las controversias jurídico-administrativas que han surgido.

La audiencia preparatoria para el proceso que enfrenta Carlos Caicedo Omar está pautada para diciembre de 2025. La atención sobre este caso servirá no solo para evaluar la solidez del sistema judicial, sino también para estimular la discusión sobre la importancia de la vigilancia ciudadana y la exigencia de transparencia en la administración pública, elementos clave para evitar la repetición de casos similares y el consecuente menoscabo de recursos públicos esenciales para el crecimiento social y urbano.

¿Por qué son tan comunes las prórrogas y sobrecostos en las obras públicas de Colombia?

Muchas obras públicas en Colombia, como la adecuación del Coliseo de Gaira, enfrentan problemas de planeación insuficiente y ausencia de estudios previos rigurosos, lo que conduce a plazos iniciales poco realistas. Como muestran las investigaciones citadas por Transparencia por Colombia y la Universidad Nacional, la falta de fundamentación técnica desde el inicio hace ordinarias las ampliaciones de tiempo (prórrogas) y los incrementos injustificados en los costos (sobrecostos), abriendo un margen para malas prácticas y pérdida de recursos.

Estas situaciones demuestran la necesidad de fortalecer los procesos de licitación pública, exigir mayor preparación en la planeación y consolidar el seguimiento por parte de organismos de control y la ciudadanía. De no atenderse estas deficiencias estructurales, los casos de improcedencias, como el de Santa Marta, seguirán repitiéndose en otras regiones.

¿Cómo contribuyen las plataformas de datos abiertos a la transparencia en la contratación pública?

Las plataformas de datos abiertos, como NINA, permiten el acceso, análisis y cruce de información contractual proveniente de diferentes fuentes oficiales, mostrando posibles patrones de irregularidades o favorecimiento. Herramientas de este tipo han sido determinantes, según el CLIP, para exponer redes de contratos anómalos dentro de gobiernos locales, como evidencia el caso investigado en Santa Marta.

El acceso público y la facilidad para analizar estos datos fortalecen la vigilancia ciudadana e institucional, promoviendo una cultura de rendición de cuentas e incentivando a los funcionarios a cumplir los estándares legales y éticos en la administración de recursos públicos.