Un contrato de arriendo terminó en muerte y desalojo: el drama de una familia en Bogotá

Bogotá
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Escrito por:  Redacción Bogotá
Actualizado: 2025-09-27 10:11:48

Estela, vecina del barrio Lombardía, falleció después de que la policía descubriera en su inmueble un negocio ilegal de motocicletas robadas.

El sueño de Carlos García y su esposa Estela de consolidar un patrimonio familiar terminó en tragedia. En 2016 compraron una vivienda de tres pisos en el barrio Lombardía, en Suba, con la idea de arrendar algunos espacios para pagar el préstamo bancario. Durante un tiempo, el plan funcionó como esperaban, hasta que en 2019 un nuevo inquilino cambió por completo la historia.

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Según el reporte de Caracol, la pareja confió en un extranjero que se presentó con documentos en regla y que incluso parecía tener un empleo estable en un parqueadero cercano. Primero alquiló los pisos superiores y poco después convenció a Estela de arrendarle uno de los locales en la planta baja. La promesa era que usaría el espacio para guardar elementos relacionados con su trabajo.

En junio de ese año, la Policía irrumpió en la propiedad durante un operativo y descubrió que allí guardaban motocicletas robadas. El inquilino fue capturado y más tarde aceptó su responsabilidad en la audiencia, explicó el medio citado. Pese a ello, las consecuencias para la familia fueron devastadoras.

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El medio relató que Estela, quien ya tenía problemas de salud, no pudo sobrellevar el impacto emocional del allanamiento. Vecinos y allegados afirmaron que la angustia de sentirse relacionada con un delito le provocó un rápido deterioro físico. Menos de dos meses después del procedimiento, murió, dejando a su esposo en medio del dolor y de una batalla legal por la vivienda.

La situación se agravó con el paso del tiempo. En enero de 2022 Carlos recibió la notificación de un proceso de extinción de dominio, porque la casa quedó vinculada a la investigación contra la red delincuencial. Finalmente, en agosto de 2023, funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales ejecutaron el desalojo y sellaron el inmueble, pese a los intentos de demostrar que la familia desconocía las actividades ilícitas.

En la actualidad, la SAE administra más de 30.000 inmuebles bajo este régimen, lo que ha dejado a numerosas familias en situaciones similares.

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