650 niños Embera inician retorno a su territorio: así es la estrategia para proteger su cultura y futuro

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) de Bogotá encabeza actualmente una operación significativa: el retorno de aproximadamente 650 niñas, niños y adolescentes de la comunidad Embera que han permanecido en el Parque Nacional y en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida. Esta acción, desarrollada con el apoyo de múltiples entidades distritales bajo la coordinación de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, tiene como objetivo principal salvaguardar los derechos fundamentales de esta población vulnerable, así como promover su reinserción sostenible en el Resguardo Unificado Chamí, ubicado en la jurisdicción de Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda, según lo reportado en el documento oficial de la SDIS.

Durante el período de transición, la SDIS ha dispuesto un equipo de 150 servidores públicos para garantizar atención pedagógica, acompañamiento y protección, focalizando su labor en reducir los riesgos a los que la niñez podría verse expuesta durante el proceso de traslado y la compleja logística del retorno, conforme al informe institucional. Más allá de asistir las necesidades inmediatas, esta estrategia se fundamenta en un compromiso de responsabilidad social pública enfocado tanto en la salvaguardia como en el fortalecimiento económico y cultural de las familias retornadas. En este sentido, el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) canaliza transferencias monetarias —que ascienden a 1.692 millones de pesos—, facilitando así la reintegración en el territorio ancestral y mejorando progresivamente las condiciones de vida, mediante convenios con entidades como el Banco Agrario, tal como comunicó Roberto Angulo, secretario de Integración Social.

La pertinencia de esta iniciativa se enmarca en la compleja realidad que experimentan las comunidades indígenas en Colombia, quienes han enfrentado históricamente desplazamientos forzados, exclusión socioeconómica y vulneraciones legales. Autoridades como la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) han documentado la importancia de proteger la autonomía territorial y cultural de estos pueblos, resaltando que la atención a la infancia Embera debe conservar un fuerte nexo con sus raíces culturales a través de programas educativos y psicosociales adaptados, como Atrapasueños y los centros infantiles mencionados por la SDIS.

En el terreno jurídico, el Distrito ha tramitado ante la Fiscalía 13 denuncias y 26 ante comisarías de familia en relación con presuntos delitos asociados a esta población; estas acciones legales continuarán su curso, con independencia del retorno, mostrando la compleja intersección de protección de derechos, investigación de irregularidades y garantías procesales. Esta operación integral se ajusta a los lineamientos internacionales, incluido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia, que subraya la importancia de la participación indígena y el respeto a sus tradiciones.

Al observar experiencias regionales, investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han concluido que la sostenibilidad económica y la educación con pertinencia cultural constituyen elementos esenciales en procesos de retorno indígena, valorando que la estrategia bogotana converja con estas recomendaciones. Bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, el Distrito mantiene así un compromiso activo con los derechos humanos, la inclusión y la multiculturalidad, asegurando que la infancia indígena tenga un lugar central en la agenda social, y haciendo del modelo colaborativo un referente potencial para otras ciudades con características plurinacionales.

En consecuencia, el retorno liderado por la SDIS se perfila no solo como respuesta urgente ante una crisis social, sino como un peldaño hacia la construcción de políticas públicas interculturales, afirmando la dignidad y derechos de los pueblos indígenas y trazando una ruta para su protección integral tanto en contextos urbanos como rurales.

¿Qué implica el concepto de Resguardo Unificado Chamí? Resguardar a la niñez Embera implica realizar el retorno a un territorio protegido y reconocido por el Estado como propio de los pueblos indígenas, garantizando así su autonomía y preservación cultural. La existencia del Resguardo Unificado Chamí permite que las familias Embera retomen sus prácticas tradicionales y fortalezcan su identidad colectiva bajo un marco legal que respalda su derecho a la autodeterminación. Este contexto da sentido a las acciones del Distrito, ya que permite a la comunidad acceder a recursos y políticas diseñadas específicamente para la protección y promoción de su bienestar y cultura.

El término “resguardo” refiere, en la legislación colombiana, a una figura de ordenamiento territorial mediante la cual se reconoce la propiedad colectiva de tierras a comunidades indígenas específicas, dándoles facultad de autogobierno y autonomía cultural dentro del Estado. Esto reviste especial importancia para los Embera, pues facilita la implementación de medidas de protección adecuadas a sus costumbres, así como su participación activa en los procesos que afectan directamente su vida y cohesión comunitaria.

¿Cómo funciona el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en este proceso? El Ingreso Mínimo Garantizado es un componente esencial del plan de retorno diseñado por la SDIS. Mediante transferencias monetarias, este programa apoya económicamente a las familias Embera, ofreciéndoles un respaldo temporal que facilita su reintegración y mejora su seguridad alimentaria y económica durante los primeros meses de retorno. Esta transferencia directa, canalizada a través de entidades como el Banco Agrario, busca que los hogares beneficiados puedan cubrir necesidades básicas en el proceso de reasentamiento.

La importancia del IMG radica en su rol preventivo frente al riesgo de pobreza, exclusión y revictimizaciones que suelen acompañar a los desplazamientos o retornos forzados. De acuerdo con fuentes institucionales, su implementación ayuda a estabilizar económicamente a la comunidad mientras se adaptan nuevamente a su entorno tradicional, garantizando así un proceso de retorno no solo digno sino también sostenible.