Bloqueos de maestros en Bogotá: ¿protesta justa o abuso? Lo que hay detrás del pulso por salarios y derechos

Desde el lunes 15 de septiembre, al menos 50 integrantes de la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (ADE) llevan a cabo una Asamblea Permanente frente a la Secretaría de Educación de Bogotá. Esta acción ha incluido bloqueos a la altura de la calle 26 con 66, interfiriendo con el servicio de Transmilenio, ocasionando desvíos de tráfico y cierres temporales en varias estaciones, conforme al artículo original.

El origen de la protesta se vincula estrechamente con la exigencia de la ADE para que se restituyan los salarios descontados —equivalentes a cuatro días de trabajo— y la bonificación pedagógica que les fue retenida tras manifestaciones realizadas en julio, donde los docentes defendieron al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el sistema de salud para maestros que atravesó una crisis de funcionamiento. Además de la devolución de estos recursos, los educadores reclaman garantías para el ejercicio sindical y para la realización de la protesta pacífica, planteando un debate sobre los límites entre la acción sindical y los derechos de la comunidad.

De acuerdo con el Observatorio Laboral Colombiano, el derecho a la protesta se reconoce como un mecanismo esencial para la acción de los sindicatos, pero requiere balancearse con otros derechos fundamentales como la movilidad y el acceso a la educación. Esta tensión se hizo evidente en la reunión sostenida el 15 de septiembre entre representantes de la ADE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Secretaría de Educación. La administración distrital manifestó apertura a devolver los sueldos, pero se negó a modificar los márgenes permitidos para la protesta y la actividad sindical en entornos escolares. Una dirigente de la ADE señaló que “se exigió que la Secretaría pondere el derecho a la manifestación y la educación de los niños”, y la Secretaría confirmó que evaluará estas observaciones en el futuro.

El uso de retenciones salariales como respuesta a las protestas laborales no es exclusivo del sector educativo, sino que, según el Centro de Estudios Laborales de la Universidad Nacional, forma parte de una tendencia en el sector público colombiano. Estas sanciones suelen tener un efecto inhibitorio para la organización sindical, resultando en un debilitamiento de los procesos democráticos internos de los trabajadores.

En contraste, la Secretaría de Educación ha manifestado de manera oficial su rechazo a “las vías de hecho” y ha invitado a solucionar los conflictos a través del diálogo, reafirmando su disposición a establecer mesas de trabajo, como la celebrada el lunes 15. El secretario distrital ha hecho énfasis recientemente en la necesidad de asegurar tanto el derecho a la educación como a la movilidad, derechos consagrados en la Constitución de Colombia, lo que complica aún más la tarea de la mediación entre las partes involucradas.

El escenario actual reaviva interrogantes sobre la gestión del sector público y el rol que deben asumir los sindicatos docentes en un contexto de desafíos crecientes, como la recuperación de la educación tras la pandemia, la falta de recursos y las condiciones laborales. El Ministerio de Educación Nacional ha reportado en 2024 un incremento en la frecuencia de las movilizaciones docentes a nivel nacional, principalmente asociadas a exigencias por mejoras salariales y derechos laborales, enlazando la coyuntura en Bogotá con un fenómeno que afecta a otras regiones del país.

En síntesis, el conflicto entre la ADE y la Secretaría de Educación de Bogotá refleja la compleja interacción entre el ejercicio de derechos laborales, la protesta social y la obligación de garantizar servicios fundamentales a la sociedad. Mientras persistan las diferencias, será imprescindible afianzar los espacios de diálogo para evitar impactos mayores en las comunidades escolares, protegiendo tanto el bienestar de los estudiantes como los derechos de los educadores.

¿Qué es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)?

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, conocido como FOMAG, es un sistema destinado a gestionar los recursos para el bienestar y la protección social de los docentes en Colombia. Esta entidad administra aspectos esenciales como la salud, las pensiones y otras prestaciones sociales, y es clave para la estabilidad y el respaldo a los maestros del sector público.

La relevancia del FOMAG radica en que, durante la protesta de la ADE, se denunció el colapso de este sistema, motivando a los educadores a tomar acciones para exigir mejoras y garantizar que sus derechos fundamentales, como el acceso a servicios de salud, no se vean vulnerados. Por ello, cualquier decisión que afecte sus funciones genera un fuerte impacto sobre la comunidad docente y la prestación de la educación pública.

¿Qué papel cumple la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode)?

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, conocida por su sigla Fecode, representa a los maestros a nivel nacional y participa activamente en la defensa de sus intereses y derechos laborales. Fecode actúa como interlocutor entre los docentes y el gobierno, y ha estado presente en los procesos de negociación y protesta como ocurrió en el reciente caso de la ADE en Bogotá.

El acompañamiento de Fecode permite consolidar la voz de los docentes en espacios de diálogo frente a las autoridades, así como fortalecer el ejercicio del sindicalismo en el sector educativo, protegiendo a sus miembros frente a posibles restricciones salariales, disciplinarias o a limitaciones en el ejercicio de la protesta.