Legalización de barrios en Bogotá: ¿transformación social o nueva amenaza de desplazamiento?

La administración del actual alcalde Galán en Bogotá ha impulsado un plan de legalización y formalización dirigido a barrios informales, con el propósito de transformar estos sectores surgidos sin la debida planeación en zonas reconocidas oficialmente, seguras y con acceso garantizado a servicios públicos. Durante el año 2025, quince barrios como Orquídea Sur 3 Sector, Villa Nataly 20 de Julio II Sector y Palermo Sur Sector San Marcos II, han sido formalizados, lo que representa una mejora significativa para miles de familias que allí habitan. Este avance no solo augura mejores condiciones de vida, sino que también fortalece la inclusión social y económica en la capital colombiana, abriendo la puerta a nuevas oportunidades para la población históricamente marginada.

La iniciativa responde a un contexto urbano latinoamericano donde, según el Banco Mundial, más del 20% de la población de la región reside en barrios informales. Estas comunidades suelen enfrentar carencias notables de servicios básicos, inseguridad jurídica y una alta vulnerabilidad social. La legalización busca corregir estas fallas estructurales, permitiendo el reconocimiento formal de los asentamientos y facilitando el acceso a servicios esenciales y derechos de propiedad, clave para mitigar la exclusión urbana y promover la equidad.

Además del otorgamiento de títulos de propiedad, el proceso en Bogotá contempla intervenciones coordinadas en infraestructura, salud y educación, alineándose con recomendaciones de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Esta visión integral prioriza el desarrollo sostenible y apunta a reducir desigualdades dentro del tejido urbano, brindando a los residentes acceso regular a agua potable, energía eléctrica y saneamiento, aspectos que transforman la vida cotidiana y amplían las posibilidades de desarrollo económico y social.

La seguridad jurídica, al convertirse en un pilar del proceso, incentiva la inversión y modifica la percepción sobre estos territorios, disminuyendo la probabilidad de desplazamientos forzados y problemáticas asociadas a la criminalidad. El gobierno distrital expone la formalización como un avance hacia una ciudad más equitativa, en concordancia con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que promueve urbes inclusivas sobre la base de la justicia social.

Sin embargo, diferentes estudios y reportajes han puesto en evidencia los desafíos que acompañan la legalización. Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia resaltan que este proceso debe acompañarse de políticas sociales complementarias para enfrentar el desempleo y la pobreza, ya que la titulación de tierras por sí sola no basta para resolver los problemas de fondo. Falta de acompañamiento puede provocar procesos de desplazamiento por gentrificación, en los que los antiguos pobladores se ven forzados a abandonar sus hogares debido a incrementos en el valor de la tierra y costos de vida.

Frente a estos desafíos, la estrategia local privilegia acciones interinstitucionales y la participación activa de la comunidad. De acuerdo con la Secretaría de Planeación Distrital, se busca no solo regularizar, sino garantizar que las propias comunidades sean actores en el diseño y seguimiento de los proyectos, propiciando una gestión urbana participativa y sostenible a largo plazo. Portales como El Espectador y Portafolio han subrayado la importancia de este modelo integral, posicionando a Bogotá como posible inspiración para otras ciudades latinoamericanas con retos similares en su crecimiento urbano.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el proceso de legalización de barrios informales? A pesar de los beneficios potenciales de la formalización, este proceso trae consigo dificultades significativas. Estudios de la Universidad Nacional de Colombia y reportajes en medios destacados evidencian que solo con títulos de propiedad no se puede superar la pobreza ni el desempleo presentes en muchos de estos barrios. Sin acompañamiento institucional y políticas sociales de largo aliento, los procesos de legalización pueden derivar en el desplazamiento de las poblaciones originales, fenómeno denominado gentrificación. Esto se debe, entre otras razones, a que una vez legalizadas, las zonas suelen apreciar su valor inmobiliario, lo que puede hacer insostenible la permanencia de quienes no mejoran sus condiciones económicas de manera paralela.

La gestión pública se enfrenta entonces a la tarea de coordinar intervenciones en infraestructura con programas que ataquen estructuralmente la desigualdad y promuevan la inclusión socioeconómica. Es fundamental la continuidad de las políticas y la participación activa de los habitantes, asegurándose de que las soluciones no sean solo administrativas, sino profundamente sociales y culturales.

¿Qué significa gentrificación y cómo afecta a las comunidades formalizadas? El término gentrificación hace referencia al fenómeno por el cual barrios que tradicionalmente han sido habitados por familias de bajos ingresos experimentan un aumento significativo en su valor inmobiliario y, consecuentemente, en los precios de la vivienda y servicios. Esto ocurre frecuentemente tras procesos como la legalización y mejora de infraestructura. Este cambio suele atraer a nuevos residentes con mayor poder adquisitivo y empresas, al tiempo que desplaza a antiguos habitantes que no pueden afrontar el aumento de los costos.

En el contexto de la formalización de barrios informales en Bogotá, el riesgo de gentrificación es real si las acciones gubernamentales no incluyen medidas para proteger a los actuales residentes. Es por esto que varias fuentes enfatizan la importancia de los programas sociales y la participación comunitaria, asegurando que la transformación de los barrios signifique una mejora para quienes ya los habitan, en vez de incentivar su desplazamiento involuntario.