Graves fallas en compra de predios frenan megaproyectos viales y ponen en jaque a la movilidad de Bogotá

Una auditoría reciente adelantada por la Contraloría de Bogotá ha puesto al descubierto graves irregularidades en la administración de predios por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), afectando un total de 106 propiedades clave destinadas a obras de infraestructura estratégica. El hallazgo impacta financieramente con cerca de $151 mil millones de pesos, evidenciando no solo debilidades administrativas sino también una amenaza directamente relacionada con el avance de proyectos vialess fundamentales, entre los que destacan la Avenida 68 y el Corredor Verde de la Séptima. Estos retrasos ponen en entredicho la capacidad de Bogotá para consolidar una movilidad urbana eficiente y avanzar en una transformación que la ciudad considera prioritaria, según datos de la Secretaría de Movilidad.

El núcleo del problema se focaliza en la disociación entre el pago mayoritario de los predios y la ausencia de transferencia legal efectiva de la propiedad. De acuerdo con Juan Carlos Gualdrón, director de apoyo al despacho del contralor, entre 2020 y 2022, aunque el IDU desembolsó más del 70% del valor acordado en múltiples casos, los terrenos continúan a nombres de particulares, impidiendo su entrega formal y el inicio de obras contratadas. Esto no solo retrasa la ejecución, sino que representa un riesgo para la seguridad jurídica de las inversiones públicas y limita el desarrollo planificado.

Esta situación pone de manifiesto un patrón que trasciende lo local y afecta a buena parte de las ciudades latinoamericanas, tal como lo señala el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). En proyectos urbanísticos de gran envergadura, suele evidenciarse una falta de coordinación entre los desembolsos financieros y los trámites de registro de la propiedad. Según el CLIP, estos cuellos de botella minan la confianza pública y ralentizan inversiones determinantes para el crecimiento urbano sostenible.

La Contraloría advierte consecuencias legales y financieras adicionales, porque mantener cuantiosos fondos estatales comprometidos sin haber adquirido formalmente los predios podría derivar en demandas judiciales por incumplimiento de contratos. Así lo documenta la Secretaría Distrital de Planeación, resaltando que este tipo de ineficiencias fomenta la burocracia y compromete la transparencia y eficiencia en el manejo del suelo urbano en Bogotá.

La importancia de la auditoría radica en su contexto: los proyectos viales no solo mejoran la movilidad, sino que inciden en la competitividad y calidad de vida de los habitantes. Organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) insisten en la urgencia de solucionar estos bloqueos para consolidar ciudades más equitativas y funcionales. A la luz de estos desafíos, especialistas en administración pública sugieren reforzar la coordinación institucional e impulsar tecnologías digitales y transparencia, en concordancia con estudios impulsados por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que muestran eficiencias concretas cuando se monitorean digitalmente los procesos de adquisición predial.

Este escenario evidencia la necesidad de apostarle a una modernización institucional y fortalecer la rendición de cuentas. El periodismo de investigación, siguiendo la metodología del Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), es crucial para develar estas falencias y motivar reformas que garanticen el uso eficaz de los recursos públicos. Solo una gestión urbana rigurosa permitirá que la inversión estatal en Bogotá se traduzca en mejoras palpables para la ciudadanía y contribuya a superar los históricos obstáculos administrativos.

¿Cuál es el papel de la Contraloría en los procesos de adquisición predial? La Contraloría, como organismo de control fiscal, supervisa la correcta utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los procedimientos legales en la adquisición de predios destinados a proyectos de infraestructura. Su intervención adquiere relevancia cuando se detectan inconsistencias entre los desembolsos y la legalización de las propiedades, ya que una mala gestión puede traducirse en pérdidas para el erario y retrasos en obras de impacto. Por ello, la función de la Contraloría es esencial para identificar riesgos y prevenir que irregularidades se perpetúen o deriven en disputas jurídicas costosas para el Estado.

¿Por qué es tan importante la titulación legal al adquirir predios para obras públicas? La titulación legal garantiza que el terreno adquirido realmente pasa a ser patrimonio estatal y puede ser puesto a disposición de las constructoras para dar inicio a los trabajos contratados. Sin este paso, los proyectos quedan sujetos a bloqueos, ya que mientras la titularidad no esté en manos de una entidad pública, ni constructores ni autoridades pueden intervenir legítimamente. Esta situación, documentada por la Secretaría Distrital de Planeación y organismos como el CLIP, resalta la necesidad de fortalecer los procesos jurídicos para evitar que demoras administrativas terminen obstaculizando el desarrollo urbano y la prestación de servicios esenciales para la ciudad.