¿La arepa de huevo merece ser patrimonio? El sabroso debate entre tradición, orgullo y urgencias del Caribe

El representante Agmeth Escaf ha presentado ante el Congreso de Colombia un proyecto de ley para declarar la arepa de huevo de Luruaco, ubicada en el departamento del Atlántico, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Esta iniciativa pretende rendir homenaje a la labor de las “matronas” de Luruaco, quienes han preservado la receta y la tradición culinaria a lo largo de generaciones, y busca establecer el 6 de junio como el Día Nacional de la Arepa de Huevo, resaltando así la relevancia de este símbolo gastronómico del Caribe colombiano, según información publicada por El Pilón.

La arepa de huevo representa mucho más que un alimento típico: es un emblema de la identidad caribeña debido a su preparación artesanal, que consiste en freír una arepa de maíz, abrirla para añadirle un huevo crudo y volver a freírla. Reconocerla como patrimonio tiene implicaciones que superan lo gastronómico, al contribuir a la dignificación de las mujeres que la preparan y aportar a la sostenibilidad económica de la comunidad, conforme a la Fundación Patrimonio Cultural Colombiano.

No obstante, el proyecto ha suscitado una reacción ambivalente, sumando tanto respaldos como objeciones. Sus promotores destacan que iniciativas de este tipo reivindican tradiciones vitales para la identidad regional y apoyan economías populares que suelen carecer de respaldo de las instituciones. Voces expertas consultadas por Caracol Radio resaltan cómo prácticas culinarias como la arepa de huevo se convierten en vehículos para el desarrollo social y la creación de redes de protección cultural, especialmente para comunidades históricamente marginadas.

Por el contrario, los críticos han señalado, a partir de debates en redes sociales y análisis publicados por académicos de la Universidad de los Andes, que el Congreso prioriza este tipo de declaraciones simbólicas mientras persisten problemáticas urgentes en la región Caribe, como el acceso deficiente al agua potable y a servicios públicos básicos. Desde esta perspectiva, se hace un llamado a no perder de vista las prioridades estructurales de la población, enfatizando el riesgo de que la legislación cultural desplace asuntos fundamentales relacionados con el bienestar.

Este fenómeno se inscribe en una tendencia nacional, reseñada por El Espectador, de utilizar leyes para reforzar representaciones simbólicas y el orgullo regional en medio de desafíos sociales no resueltos. Aunque estas iniciativas pueden fortalecer la cohesión territorial y la valorización identitaria, también exponen la tensión entre la promoción del patrimonio y la solidez de las políticas públicas orientadas a las necesidades básicas.

Desde una óptica antropológica recogida por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el reconocimiento de tradiciones como la arepa de huevo busca proteger conocimientos y prácticas ancestrales que tejen la memoria colectiva, además de resaltar el papel de las mujeres en la economía popular. Estas declaratorias pueden ser herramientas para fomentar oportunidades económicas y sociales en poblaciones en desventaja.

Hacia el futuro, la eventual aprobación de este proyecto podría ser el primer paso hacia el diseño de políticas públicas integrales, capaces de insertar la gastronomía tradicional en estrategias de turismo sostenible, desarrollo rural y economía creativa, como sugiere un informe del Banco Mundial sobre cultura y desarrollo regional. No obstante, el reto será articular estas propuestas dentro de un marco de equidad social y diálogo participativo, para que realmente se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades.

En síntesis, el debate generado por la propuesta de reconocimiento de la arepa de huevo de Luruaco revela cómo el patrimonio cultural, el desarrollo económico y las prioridades políticas se entrelazan en el escenario nacional, planteando cuestionamientos sobre qué y cómo se protege y valorizan las riquezas intangibles de Colombia en medio de grandes desafíos sociales.

¿Cómo se define el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación? El concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación se refiere a las expresiones, prácticas, saberes, celebraciones y manifestaciones que conforman la identidad y memoria colectiva de una comunidad. En Colombia, la declaratoria implica un reconocimiento oficial, que busca proteger y salvaguardar aquellos elementos no materiales pero de alto valor simbólico, como las tradiciones culinarias, los festivales, las lenguas y los oficios artesanales, de acuerdo con la Fundación Patrimonio Cultural Colombiano. Su importancia radica en su función de transmitir valores y fortalecer el sentido de pertenencia, al tiempo que ofrece oportunidades para el desarrollo local y la promoción social de quienes mantienen estas tradiciones vivas.

El proceso de reconocimiento generalmente requiere una evaluación rigurosa, para determinar el arraigo, la relevancia y el riesgo de desaparición de la manifestación propuesta. Además, involucra a las comunidades portadoras como protagonistas y beneficiarias, quienes reciben respaldo institucional para la protección de la práctica, lo que puede traducirse en recursos, formación y presencia en la agenda cultural nacional.

¿Qué impacto puede tener la declaratoria de patrimonio en la economía local? La declaratoria de un elemento como patrimonio cultural inmaterial puede detonar efectos positivos en la economía local, sobre todo en comunidades rurales y marginadas. Al elevar el perfil de una tradición, se abren posibilidades para promocionarla como atractivo turístico, impulsar el consumo, y fomentar emprendimientos vinculados a la gastronomía y la cultura. Como señala el informe del Banco Mundial, estas estrategias pueden contribuir al desarrollo sostenible si se acompañan de políticas complementarias en educación, infraestructura y capacitación.

No obstante, el impacto real dependerá de la forma en que se gestionen los recursos y de la participación activa de la comunidad. La simple declaratoria no garantiza automáticamente mejores condiciones económicas; requiere esfuerzos coordinados y enfoques integrales para que los beneficios lleguen a quienes resguardan la tradición y para que la protección cultural se convierta en una auténtica vía de progreso social y material en la región.