Bogotá
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Una fuente confirmó a ese semanario que un coronel retirado por vínculos con paras y narcos coordinó la vigilancia con “matones de la oficina de San Victorino”.
La revista reveló que el 2019 fue un año en el que el espionaje, las amenazas y los seguimientos ilegales asediaron tanto a la sede como a la dirección y la redacción del semanario, en momentos cruciales en los que sus reportajes estremecieron la cúpula militar.
“Durante el primer semestre de ese año hubo sufragios, amenazas directas, entre otras intimidaciones, como respuesta a las denuncias que terminaron con la destitución, procesamiento penal y disciplinario, y encarcelamiento de varios altos oficiales, entre ellos generales”, señaló la revista en alusión al entonces número dos del Ejército el general Adelmo Fajardo, destituido por corrupción en julio de 2019, entre otros altos oficiales.
La revista agregó que pese a la gravedad de estos hechos decidió no revelar en ese momento las intimidaciones de las que fue víctima para no afectar la investigación y proteger las fuentes humanas que estaban filtrando la información sobre las actividades ilegales que adelantaban en secreto varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar a magistrados, políticos y periodistas.
Hay que recordar que en mayo de 2019, cuando la redacción era intimidada con sufragios y lápidas, la revista sufrió un duro golpe cuando Felipe López, fundador de Semana, canceló la columna de Daniel Coronell luego de que este cuestionara el criterio editorial con el que supuestamente el semanario “engavetó” un reportaje que tenía casi listo sobre el regreso de la doctrina militar que promovía los ‘falsos positivos’ y que sí divulgó The New York Times, lo que desató una tempestad política con alcance internacional.
Un mes después, el agite mediático disminuyó luego de que Semana confirmara que Coronell retornaba como columnista y que la revista ratificara su compromiso con los temas de investigación. No obstante, al interior del semanario el ambiente siguió tenso en especial porque sabían del seguimiento ilegal de efectivos militares a la sede de ese medio e incluso al director Alejandro Santos y porque la operación se extendió al Ejército en una especie de “persecución implacable contra los militares que no se prestaron para estas y otras actividades ilegales”, agregó la publicación.
Pero el seguimiento a periodistas no se detuvo ahí. Según la revista, existen pruebas de que se intervinieron celulares empleando tecnología muy sofisticada, hubo estrecha vigilancia a reporteros y hasta un intento para introducir un ‘malware’ en computadores de la redacción de Semana para obtener información del trabajo de algunos periodistas.
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