Advertencia de Uribe sobre el 2022 por “especie de prechavismo” que, dice, vive Colombia

En su primera entrevista en detención domiciliaria, el senador sugirió el que, a su juicio, sería el panorama para las próximas elecciones presidenciales.

En el diálogo que sostuvo el domingo en la noche con Semana, Álvaro Uribe atacó de nuevo a la Corte Suprema de Justicia por la “politización” y el “irrespeto a la institucionalidad” en la que, señaló, estarían cayendo algunos magistrados “al servicio de unos intereses políticos que en Colombia defienden terroristas y aliados”.

Según el expresidente, en su entrevista con Vicky Dávila y María Isabel Rueda, en el país hay “un claro manejo chavista de la justicia, no desde el Gobierno”, sino de parte de los magistrados sobre los cuáles no precisó nombres. (Cabe recordar que esta semana, Uribe mencionó a los magistrados José Luis Barceló y César Reyes en un trino en el que los calificó como “gran virus”).

“Yo sí quiero decirles a los colombianos, con mucha franqueza: cuidado con el año 22 que aquí estamos viviendo una especie de prechavismo”, dijo el parlamentario en el diálogo con la revista, y en seguida planteó el escenario que, a su juicio, hoy existe en el país de cara a los comicios en los que se elegiría al sucesor de Iván Duque.

“Nos quieren llevar, en nombre de la libertad, a la supresión de las libertades; en nombre de la equidad, a la eliminación de la empresa privada y a la desfinanciación de las políticas sociales; en nombre del crecimiento y el desarrollo, al total colapso de la economía; y en nombre de la transparencia, al manejo chavista de la justicia”, manifestó en la entrevista con el medio de comunicación.

En el semanario, donde afirmó que en estos momentos se siente “secuestrado”, el senador insistió en la “politización” de la justicia colombiana, el “desbarajuste institucional” y la “falta de garantías” que existirían, a su parecer, en el caso que hoy lo tiene en prisión domiciliaria por decisión de la Corte Suprema, proceso que se le adelanta por la presunta comisión de los delitos de soborno y fraude procesal.