Nación
“Guerra a muerte”: el significado de la bandera roja de Petro en la Plaza de Bolívar
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Se inició luego de que el senador de la oposición dijera que la empresa de publicidad con la que se hizo el acuerdo era propiedad de un amigo del expresidente.
Roy Barreras hizo esa afirmación en Semana, donde criticó que el Gobierno invirtiera más 3.000 millones de pesos en un contrato para posicionar la imagen del presidente Iván Duque en redes sociales.
La agencia que contrató el Gobierno, dijo el senador en el medio, ya había trabajado con Iván Duque en su campaña presidencial, y fue recomendada por Uribe.
“Es un contrato para los amigos como premio porque estuvieron en la campaña. Este es un señor recomendado por el señor Álvaro Uribe, que es amigo de él“, dijo el senador de la oposición en el medio.
Uribe reaccionó en Twitter insinuando que Barreras es un ladrón.
“No tengo contratos ni recomiendo contratistas como dicen quienes ayudaron a robarse a Caprecom, SaludCoop y el Plebiscito. Y tampoco tengo feudos burocráticos como pasó con la ESAP, cómo son de elegantes para hablar estos ladrones“, escribió el expresidente.
Asimismo, el abogado Abelardo de la Espriella le pidió a Barreras, por Twitter, que explicara si estaba acusando de “algo indebido” a Uribe para saber si debía “formular una denuncia”.
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Posteriormente, el Centro Democrático emitió un comunicado en el que anunció acciones penales que tomará el expresidente contra Barreras, y que hará De La Espriella.
“Que sea la autoridad competente, como corresponde, la que resuelva este conflicto: preparando denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. No importa cuantas batallas tenga que librar, defenderé la dignidad de Álvaro Uribe Vélez hasta el final”, escribió el jurista en Twitter.
Barreras vio en la denuncia “una oportunidad para confrontar viejas verdades”, y haciendo alusión a “cierto abogado folclórico”, indicó que él no se ocupaba “de los perros que ladran sino de sus amaestradores”.
Esta es una de las tantas peleas entre congresistas y políticos de oposición, que se traslada hasta los más altos tribunales y por las que la Corte Suprema de Justicia les había ‘jalado las orejas’ para dejar de congestionar la justicia.
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