Gobierno Petro y partido de la U estarían tejiendo jugada clave para influir en la Corte

Una posible alianza entre el Gobierno de Gustavo Petro y el partido de la U ha despertado alertas en el Congreso, en medio del proceso para escoger al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, según informó Infobae.

El nombre de María Patricia Balanta ha tomado fuerza en el Senado de la República como favorita para ocupar el cargo que dejará vacante José Fernando Reyes, quien culmina su periodo de ocho años. De acuerdo con el medio citado, la votación se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre, y será clave para el futuro de las reformas que impulsa el Ejecutivo.

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Así entonces, el Gobierno nacional y el partido de la U, liderado en estas conversaciones por Álex Vega, estarían afinando un pacto político que respalde la postulación de Balanta. El objetivo: consolidar una mayoría en la Corte, que le permitiría al Gobierno contar con el llamado “quinto voto decisivo”.

Este voto podría inclinar el rumbo de decisiones cruciales relacionadas con la reforma pensional y la reforma a la salud, dos de los pilares legislativos de la actual administración. Advierten que, si Balanta es elegida con respaldo de esa alianza, Petro podría tener control en el alto tribunal, lo que despertó críticas sobre una posible pérdida del equilibrio judicial.

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El perfil de los candidatos y la tensión en el Congreso

Balanta, abogada oriunda de Tuluá, cuenta con una especialización en Comercio Internacional. Según Infobae, su nombre ha escalado gracias al respaldo político que ha venido construyendo, aunque su eventual elección genera inquietudes sobre la independencia de la Corte Constitucional.

Otro aspirante con respaldo importante es el exdefensor del pueblo Carlos Camargo, identificado por varios sectores como una figura con posturas conservadoras y reputación institucionalista. Camargo ha ocupado cargos en el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.

El debate se intensifica justo cuando, según Infobae, el Congreso también enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en una votación clave para la reforma pensional.

La representante Katherine Miranda denunció que se buscaba validar un acta sin el quórum requerido, lo que pone en riesgo la revisión constitucional de ese trámite. En respuesta, el presidente Petro instó a respetar el proceso y defendió la necesidad de mantener la justicia alejada de los intereses políticos.