Previenen a usuarios de Claro, Movistar, Tigo y más por una jugada desde el extranjero

En redes sociales, numerosos usuarios han reportado recibir llamadas sospechosas desde números con el prefijo +44, correspondiente al Reino Unido.

Estas llamadas, que podrían formar parte de una estafa internacional, incluyen mensajes automatizados con ofertas de empleo, pero en realidad buscan engañar a las personas para obtener beneficios económicos o información personal.

(Vea también: Ayuda para colombianos asediados por llamadas de bancos: así podrán evitar molestias).

A diferencia del conocido fraude “one ring”, donde se induce a devolver la llamada, esta nueva modalidad emplea mensajes de voz, presuntamente generados por inteligencia artificial, que invitan a agregar números a WhatsApp.

Posteriormente, los usuarios son dirigidos a grupos de Telegram como “Viaje bajo el sol”, donde se les pide realizar tareas y pagar un “depósito de activación” para acceder a supuestas ganancias, detalla Wired.

Expertos en ciberseguridad advierten sobre los riesgos de phishing, robo de identidad y acceso no autorizado a dispositivos.

Ante esta situación, autoridades recomiendan no responder ni interactuar con números desconocidos, no hacer clic en enlaces sospechosos y reportar los casos correspondientes.

Por qué estafas telefónicas son un problema en Colombia

Las estafas telefónicas representan un problema creciente y preocupante en Colombia debido a varios factores estructurales y sociales que favorecen su proliferación. Uno de los principales motivos es la alta penetración de teléfonos móviles en el país, lo que facilita el contacto directo con potenciales víctimas. Casi toda la población tiene acceso a un celular, lo que convierte a este medio en una herramienta eficaz para los delincuentes que buscan engañar a las personas a través de llamadas fraudulentas.

Estas llamadas suelen presentarse bajo diferentes modalidades, como suplantación de entidades gubernamentales, ofrecimiento de premios inexistentes, falsas ofertas de empleo o incluso la conocida modalidad del “falso familiar en problemas”. Todas estas tácticas apelan al miedo, la urgencia o la necesidad económica de las personas para lograr su objetivo: obtener dinero o información sensible.

A esto se suma la debilidad de los controles tecnológicos y legales. Muchos números utilizados para cometer estas estafas no pueden ser fácilmente rastreados o bloqueados, ya que los delincuentes hacen uso de herramientas como tarjetas SIM desechables o aplicaciones que permiten cambiar la identidad del número que aparece en pantalla. Además, aunque las autoridades han tomado algunas medidas, como campañas de prevención y mecanismos de denuncia, la respuesta sigue siendo limitada en comparación con la magnitud del problema. Las investigaciones para rastrear y judicializar a los responsables suelen ser lentas o insuficientes, lo que genera un sentimiento de impunidad y deja a las víctimas sin una solución efectiva.

Otro aspecto preocupante es el papel de las cárceles como centros de operación de muchas de estas estafas. Diversas investigaciones han demostrado que desde las penitenciarías se orquestan miles de llamadas fraudulentas, lo cual pone en evidencia la falta de control interno en estos centros y la complicidad, o al menos negligencia, de algunas autoridades carcelarias. Este fenómeno no solo perpetúa las estafas, sino que también debilita la confianza en las instituciones del Estado.

Por qué personas están en riesgo con estafas por llamadas

Finalmente, la falta de educación digital y prevención en amplios sectores de la población contribuye a que muchas personas sean vulnerables ante estos engaños. En especial, los adultos mayores o las personas con bajo nivel de alfabetización digital son blanco frecuente de estos fraudes, pues no cuentan con herramientas ni información suficiente para identificar una estafa.

Por todas estas razones, las estafas telefónicas en Colombia no son solo un problema individual, sino una amenaza que requiere atención urgente y coordinada por parte del Estado, la sociedad civil y el sector privado.