Fraude digital acecha a adultos mayores en Bogotá: advierten sobre nuevas estafas en ayudas sociales

Adultos mayores en Bogotá, en alerta por fraudes dirigidos a beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado.

El Distrito Capital ha emitido una alerta urgente dirigida a los adultos mayores beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), luego de detectar un aumento en los intentos de fraude mediante la suplantación de funcionarios públicos. Según información oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social, recientemente personas inescrupulosas han exigido dinero y datos personales sensibles a cambio de facilitar supuestos trámites o pagos. La entidad fue enfática en aclarar que la transferencia de estos recursos sociales se realiza de manera segura, directa y siempre gratuita para los ciudadanos, advirtiendo que ninguna persona está autorizada para solicitar dinero o información delicada en nombre de la administración.

Este fenómeno de fraude, aunque visibilizado en Bogotá, no se limita a la capital ni representa un hecho aislado. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población mayor enfrenta mayor riesgo de ser estafada por condiciones como el aislamiento social, la falta de familiaridad con nuevas tecnologías y la dependencia económica de transferencias estatales. Los datos de la CEPAL subrayan que la digitalización efectiva de los apoyos públicos debe ir acompañada de políticas de protección, educación financiera pertinente y la garantía de derechos, especialmente en países donde la bancarización entre ancianos es todavía baja.

Sin embargo, el propio comunicado de la Secretaría de Integración Social reconoce la presencia de casos reales de suplantación, aunque omite estadísticas precisas o perfiles detallados de quienes han sido víctimas. Esta falta de datos desagregados dificulta la comprensión del alcance real del problema y limita la formulación de estrategias preventivas focalizadas. Así lo advierten expertos citados por la revista Cambio, quienes señalan la necesidad de mayor transparencia en la publicación de cifras sobre fraudes digitales que permita comparar la situación local con la de otras ciudades latinoamericanas.

Otros países de la región han incorporado enfoques más proactivos. Uruguay y Chile, por ejemplo, mantienen campañas integrales de prevención que combinan la educación financiera presencial, alertas personalizadas a través de mensajes de texto y una colaboración sistemática entre bancos, autoridades de gobierno y entidades civiles. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reporta que estas medidas han reducido un 30% los casos de fraude contra adultos mayores en los últimos tres años, lo que evidencia el valor de superar una posición puramente reactiva.

Por contraste, el enfoque predominante en Bogotá se distingue por la difusión de alertas aisladas y recomendaciones generales, que resultan insuficientes ante la creciente sofisticación de las bandas criminales. Un reciente informe de la Policía Nacional documenta que estas organizaciones dominan avanzadas técnicas de ingeniería social y explotan información filtrada de bases de datos, ampliando su capacidad para engañar y evadir controles institucionales. La experiencia internacional y los análisis del BID enfatizan la importancia de implementar sistemas de autenticación robustos, canales seguros de comunicación y programas permanentes de alfabetización digital para este segmento poblacional.

En definitiva, la advertencia lanzada por el Distrito constituye un paso relevante, pero limitado, en la protección integral de los beneficiarios del IMG. El fraude orientado a los adultos mayores evidencia carencias estructurales en las políticas de protección social, transparencia y seguridad digital. Un abordaje efectivo exige fortalecer la cooperación interinstitucional, publicar datos periódicos y adoptar las buenas prácticas demostradas en la región, sin perder de vista la urgencia de una cultura preventiva cimentada en información y confianza. Mientras tanto, la verificación rigurosa de identidades y la protección de datos siguen siendo defensas elementales, pero necesarias, frente a la amenaza del fraude.

¿Qué estrategias concretas pueden aprenderse de la experiencia de Uruguay y Chile en la prevención del fraude a adultos mayores?
La pregunta cobra relevancia ante la referencia en el texto a la reducción significativa de fraudes lograda por estos países, evidenciada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Uruguay y Chile han apostado por la colaboración intersectorial, uso de tecnologías adaptadas a la población mayor y campañas de educación financiera personalizadas, elementos que podrían guiar el desarrollo de mejores prácticas en Bogotá. Profundizar en los componentes específicos de estos programas e identificar su adaptabilidad local es fundamental para avanzar hacia políticas preventivas más efectivas.

¿Qué es “ingeniería social” en el contexto del fraude digital y por qué representa un riesgo en la entrega de ayudas sociales?
La mención en el texto de bandas criminales que perfeccionan métodos de ingeniería social ilustra la sofisticación de estas amenazas. Este término se refiere al uso de técnicas de manipulación psicológica para obtener información confidencial de las víctimas, usualmente explotando la confianza y el desconocimiento. En el contexto de ayudas sociales, la ingeniería social permite a los delincuentes suplantar identidades y convencer a beneficiarios vulnerables de compartir datos sensibles o realizar pagos indebidos, agravando el riesgo de exclusión y pérdida de derechos entre los más desfavorecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.