Abren investigación a la fiscal Camargo por presunta injerencia sobre escándalo de UNGRD

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes abrió una indagación preliminar contra Luz Adriana Camargo, fiscal general, por supuestas contradicciones en su manejo del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El caso estalló en medio de acusaciones, contratos cuestionables y el desvío de fondos públicos, con participación de altos funcionarios y contratistas. Camargo es señalada por incongruencias procesales en uno de los casos más mediáticos de corrupción reciente en Colombia, según informó Blu Radio.

Uno de los cuestionamientos que recibió la funcionaria tiene que ver con el caso de Sandra Ortiz, a quien se le negó principio de oportunidad y, de acuerdo con el jurista Pablo Bustos, Camargo tuvo inferencia en la determinación.

Por esta razón, el abogado interpuso a la denuncia contra la jefe del ente investigador. Este episodio se suma a otros escándalos que han evidenciado fallas estructurales en instituciones públicas.

¿De qué se trata el escandalo de corrupción de la UNGRD?

El caso involucra a exdirectores de la UNGRD y colaboradores del gobierno, acusados de manipular contratos y usar recursos estatales para fines privados.

Para desviar los recursos se usaron contratos como la compra de carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades vulnerables en La Guajira, uno de los departamentos con mayores índices de pobreza y desnutrición infantil.

El plan consistía en enviar 40 carrotanques a distintas zonas de ese departamento, con el fin de atender la crisis humanitaria por falta de acceso al agua. Sin embargo, se descubrieron sobrecostos injustificables en su precio.

Además del caso en La Guajira, el escándalo incluye contratos opacos en otras regiones del país, donde exdirectores de la UNGRD y funcionarios aliados habrían favorecido a ciertas empresas mediante procesos de contratación directa.

En vez de priorizar la atención de emergencias, el presupuesto se habría utilizado para enriquecimiento personal, afectando la respuesta institucional ante desastres naturales como incendios, inundaciones o sequías.

La gravedad del escándalo reavivó el debate sobre la necesidad urgente de reformas estructurales en la contratación pública y una supervisión más estricta sobre los fondos destinados a poblaciones vulnerables.