Estados Unidos revocó el aborto y en Colombia piden tumbar fallo que lo despenalizó

Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin a la sentencia que durante casi 50 años garantizó el derecho de las mujeres al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa. Ahora, el Gobierno de Colombia quiere impulsar la misma idea, con el fin de que el aborto hasta la semana 24 sea penalizado.

El Ministerio de Justicia le envió un concepto a la Corte Suprema de Justicia en el que pide que el fallo de despenalizó el aborto debe ser tumbado porque desconoce el principio de cosa juzgada, indicó Blu Radio.

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“Este Ministerio de Justicia y del Derecho solicita la nulidad de la decisión adoptada teniendo en cuenta, las irregularidades en la votación y expedición de la sentencia C-055 de 2022, y la configuración de cosa juzgada, siguiendo la línea de argumentación del honorable magistrado Ibáñez”, señala el documento.

El Gobierno que preside Iván Duque considera que el trámite de la sentencia tuvo irregularidades y que ningún juez puede decidir cuál vida debe protegerse y cuál no.

Una de las presuntas anomalías en el trámite de la discusión en el alto tribunal es la participación del conjuez Julio Andrés Ossa. Según el Ministerio de Justicia, el togado intervino en un debate sobre un resolutivo distinto al que se presentó en una votación anterior, en la que hubo empate.

“Se realizó [la votación por la despenalización del aborto] respecto del texto resumen propuesto y no frente a la ponencia que había sido votada por la sala plena en sesión del 20 de enero de 2022, que resultó en un empate”, dice el concepto.

De acuerdo con la emisora, desde la cartera de Justicia respaldan las 12 solicitudes de nulidad contra la sentencia C055-22 que tramita la Corte Constitucional. Esto, porque señala que las futuras reglamentaciones sobre el aborto deben ser competencia del ejecutivo y del Congreso de la República. 

La petición que llegó al alto tribunal también va de la mano con una petición de nulidad que presentó la Universidad de la Sabana, que considera que la decisión se tomó sin las mayorías exigidas por la ley, por lo que, además, violó los “principios de congruencia e independencia y la cosa juzgada constitucional”.