Abogado del 'zar del contrabando' confirma que sí se reunió con Petro, aunque el presidente lo niega

Se trata de Gonzalo Boye, quien ha llevado el caso de Diego Marín, capturado en Europa y señalado en Colombia como uno de los mayores contrabandistas.

Una nueva declaración volvió a sacudir el ya complejo escándalo alrededor de Diego Marín Buitrago, alias ‘papá pitufo’, señalado como el mayor contrabandista del país. Esta vez, la controversia creció luego de que el abogado español Gonzalo Boye confirmara públicamente que sí sostuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro, pese a que el mandatario ha negado reiteradamente cualquier acercamiento directo.

La confirmación se produjo durante una entrevista concedida a Caracol Radio, en la que Boye habló sobre el proceso judicial de su cliente en Portugal, donde Marín espera que se resuelva su solicitud de asilo. Aunque evitó entregar mayores detalles, el jurista fue claro: hubo un encuentro con el jefe de Estado en Bogotá. “Fue en Bogotá y del resto no puedo hablar. Pero el presidente Petro y yo sí estuvimos”, aseguró en la entrevista.

La afirmación resulta clave porque contradice la versión oficial sostenida por el presidente, quien ha insistido en que su único interés frente al contrabandista ha sido que se someta a la justicia colombiana, pero ha intentado alejarse de cualquier vínculo con el también llamado ‘zar del contrabando’.

¿Qué se sabe de la reunión de Petro y el abogado?

Mucho antes de esta confirmación pública, la revista Revista Cambio había reconstruido una historia distinta a la defendida por el Gobierno.

Según esa investigación periodística, el primer acercamiento entre el Ejecutivo y el entorno de Diego Marín no comenzó con funcionarios intermedios ni con reuniones posteriores en inteligencia estatal. El contacto inicial habría sido directo: el propio presidente Petro se reunió con Gonzalo Boye y con el empresario español Ramón Devesa.

El encuentro habría ocurrido el 16 de mayo de 2024 en el hotel Tequendama, en Bogotá, mientras el mandatario asistía a un evento relacionado con la reforma agraria. En un salón privado, durante aproximadamente una hora, se discutió el futuro judicial de Marín y la posibilidad de que regresara a Colombia para revelar información sobre redes de corrupción asociadas al contrabando.

De acuerdo con la reconstrucción, de esa reunión salió una decisión concreta: abrir un canal de comunicación con el denominado “zar del contrabando”.

Ese detalle es fundamental porque cambia la narrativa política del caso. No habrían sido funcionarios actuando por cuenta propia, sino una estrategia iniciada desde la cabeza del Gobierno.

(Vea también: “Infiltrado hasta los tuétanos”: Zuleta, ácido por nexos del Gobierno Petro con ‘papá Pitufo’)

¿De qué trata el caso de ‘papá pitufo’?

Para entender el contexto, hay que retroceder a inicios de 2024. La Fiscalía colombiana llevaba meses infiltrando la red de Diego Marín. En marzo se emitieron órdenes de captura y el 5 de abril fue detenido en España, noticia que el propio Petro celebró públicamente.

Sin embargo, mientras el país seguía el proceso judicial en Europa, el Gobierno colombiano ya habría iniciado contactos paralelos.

Gonzalo Boye, abogado histórico de Marín en España, habría establecido conexiones con Colombia a través de Xavier Vendrell, asesor catalán cercano al círculo presidencial. Ese puente político permitió la reunión posterior con el mandatario.

Tras el encuentro en Bogotá, Petro habría autorizado que un funcionario viajara a España para reunirse con Marín y explorar su eventual sometimiento a la justicia.

Una investigación periodística señala que esa misión fue encargada a Isaac De León Beltrán, asesor vinculado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), quien viajó a Madrid acompañado por Ramón Devesa.

Allí se reunieron con Marín y con Boye. El mensaje transmitido habría sido claro: el Estado colombiano ofrecía garantías de seguridad si el contrabandista regresaba al país y colaboraba revelando información sobre corrupción.

Durante ese encuentro, Marín habría entregado datos sensibles sobre redes de contrabando, presuntos vínculos con autoridades portuarias y posibles infiltraciones incluso en la campaña presidencial.

Esa información dio origen a un informe de inteligencia que, según las versiones conocidas, terminó llegando al presidente.

El contacto no terminó en España. Según la reconstrucción de Cambio, siguieron múltiples reuniones en Bogotá entre emisarios del Gobierno y representantes legales de Marín.

Uno de los protagonistas fue el abogado colombiano Luis Felipe Ramírez Ospina, defensor histórico del contrabandista. En encuentros celebrados durante 2024 se discutieron garantías judiciales, seguridad personal y la posibilidad de un acuerdo basado en la entrega de información.

Incluso se elaboraron informes que luego fueron presentados verbalmente ante la Fiscalía General de la Nación, aunque la fiscal Luz Adriana Camargo afirmó posteriormente que nunca fue informada oficialmente de esas gestiones.

El episodio tomó mayor dimensión cuando Noticias Caracol reveló audios de reuniones sostenidas por el entonces jefe de inteligencia estatal, Jorge Lemus, con el abogado de Marín.

El entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, también intentó restar gravedad a sus reuniones con el abogado Ramírez cuando estalló el escándalo.

Según Lemus, el defensor llegó por iniciativa propia a su oficina y él simplemente decidió escucharlo.

“Llegó a la oficina buscándome y yo no le cierro la puerta a nadie”, aseguró en entrevistas radiales. Además, dijo que “no es enemigo” y otras frases que fueron muy llamativas.

Sin embargo, Ramírez sostuvo una versión opuesta: afirmó que fue convocado por un delegado del Gobierno con aval directo del presidente.

En esas reuniones, Lemus habría planteado alternativas para que Marín regresara al país, incluyendo eventuales beneficios judiciales y la posibilidad de encajar el caso dentro de la política de Paz Total.

Para críticos del Gobierno, esas conversaciones excedían las funciones legales de la inteligencia estatal.

¿Qué dice Petro sobre vínculos con ‘papá pitufo’?

Tras la publicación de unos audios en abril de 2026, el presidente Petro reaccionó en redes sociales con un extenso mensaje en el que negó cualquier trato directo con el contrabandista.

“Yo no tengo ningún trato con él que no sea que se siente a declarar ante la justicia”, escribió.

La confirmación reciente de Gonzalo Boye reabre el debate porque respalda la versión periodística de que sí existió un encuentro previo entre el mandatario y el abogado del señalado contrabandista, así sea para que Marín declare ante la justicia; no obstante, llama la atención que el presidente niegue este tipo de reuniones.

Hoy, con la confirmación directa de Gonzalo Boye, el caso entra en una nueva fase política y judicial.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de reuniones secretas entre funcionarios o emisarios, sino sobre el papel que habría tenido el propio presidente en la apertura de ese canal de diálogo.

Mientras el Gobierno sostiene que todo buscaba que el contrabandista dijera la verdad ante la justicia, críticos consideran que los acercamientos —realizados por fuera de los procedimientos judiciales formales— generan dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso.

Lo único claro hasta ahora es que, pese a más de diez reuniones documentadas y múltiples contactos, Diego Marín sigue fuera del país y sin responder ante la justicia colombiana.

Y con la nueva declaración del abogado del llamado “zar del contrabando”, la pregunta central vuelve a instalarse en el debate público: ¿qué tan directa fue realmente la relación entre el Gobierno y el entorno de ‘papá pitufo’?