Abelardo de la Espriella lanza dura ofensiva contra Petro y busca la presidencia; ¿polarización al límite?

Abelardo de la Espriella, uno de los abogados penalistas más reconocidos de Colombia y figura mediática del ámbito jurídico y político del país, ha radicalizado su discurso frente al actual gobierno de Gustavo Petro. De la Espriella, conocido por su defensa en casos emblemáticos y su liderazgo en el bufete De La Espriella Lawyers, ha acusado públicamente a la administración de Petro de ser enemiga de Colombia y de emprender una persecución política contra los opositores, particularmente en referencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien mantiene una cercana afinidad. Este giro en sus intervenciones coincide con el anuncio de su precandidatura presidencial, oficializada para julio de 2025 bajo el movimiento “Defensores de la Patria”. Como parte de su estrategia, De la Espriella busca recolectar tres millones de firmas que respalden su aspiración, prometiendo una lucha implacable contra la criminalidad y la corrupción, pilares discursivos que han permeado su carrera.

La contundencia de sus afirmaciones no es un hecho aislado. Según la Fundación Ideas para la Paz (2024), la polarización política en Colombia ha crecido de forma notoria en los últimos años, con líderes que recurren a discursos vehementes para movilizar a sus simpatizantes. Este fenómeno, si bien fortalece el apoyo de ciertos sectores, profundiza la división social y dificulta la posibilidad de consensos en torno a los grandes problemas nacionales. El estilo directo y agresivo de De la Espriella responde, así, a una lógica de confrontación que se multiplica en el escenario público y cuyas derivaciones repercuten en la gobernabilidad y el diálogo democrático.

No es la primera vez que la trayectoria jurídica de De la Espriella adquiere matiz político. De acuerdo con el Observatorio de Justicia Colombia (2023), su participación en la defensa de víctimas de altos perfiles sociales, como Natalia Ponce de León y Rosa Elvira Cely, hizo que varios procesos judiciales tuvieran eco en reformas legislativas que endurecieron las penas por actos de violencia extrema. Así, su figura evidencia cómo una carrera basada en casos mediáticos puede transitar hacia agendas políticas e influenciar cambios normativos, enlazando el derecho penal, el activismo y la proyección hacia cargos de elección popular.

En un contexto donde la judicialización de la política se ha convertido en objeto de debate, la ofensiva frontal de De la Espriella contra Petro y sus adversarios revela las tensiones que atraviesan el sistema democrático colombiano. La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes ha advertido que el uso excesivo de procesos judiciales para dirimir conflictos políticos erosiona la confianza institucional e incrementa la polarización, generando efectos adversos tanto a la estabilidad como al desarrollo democrático del país.

Por otra parte, la recolección masiva de firmas como instrumento para avalar su candidatura pone en la mira los protocolos de garantía y transparencia. Según el Consejo Nacional Electoral (2024), estos mecanismos requieren supervisión estricta, ya que antecedentes recientes han mostrado irregularidades y manipulaciones que socavan la legitimidad y credibilidad del sistema electoral. Por ello, el desafío no es solo recolectar apoyo ciudadano, sino también hacerlo dentro de límites que aseguren la legitimidad democrática.

El escenario internacional tampoco es ajeno a esta polarización. Informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayan la preocupación existente sobre los efectos nocivos del conflicto político interno en la gobernabilidad y la protección de los derechos fundamentales. Esta dinámica, lejos de ser un fenómeno puramente doméstico, afecta la percepción internacional sobre Colombia e impacta la cooperación externa, especialmente en materia de derechos humanos y justicia social.

El manejo mediático, caracterizado por posiciones firmes y sin matices, puede ser útil en términos de visibilidad, pero, según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), limita los espacios de interlocución y reduce, a largo plazo, la posibilidad de acuerdos, aspecto indispensable en una sociedad plural y atravesada por múltiples desafíos.

En definitiva, la candidatura de Abelardo de la Espriella, su discurso desafiante y su apuesta por alianzas con figuras históricas representan una encrucijada para el país, donde las fronteras entre derecho, política y comunicación se difuminan y exigen un análisis profundo sobre los riesgos y posibilidades para el futuro democrático de Colombia.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Por qué la polarización política es un obstáculo para el diálogo nacional en Colombia?

La polarización política, evidenciada por discursos agresivos y deslegitimadores entre bandos opuestos, obstaculiza el diálogo nacional al crear desconfianza y reforzar prejuicios. Según informes de la Fundación Ideas para la Paz, la falta de encuentro entre distintas visiones políticas dificulta la formulación de políticas públicas inclusivas, necesarias para atender desafíos complejos como la justicia, la seguridad y el desarrollo económico.

El predominio de posturas extremas puede llevar a que las decisiones gubernamentales parezcan solo representar los intereses de un sector, lo que genera resistencia y fractura el consenso social. Esto, a su vez, profundiza las brechas y debilita la gobernabilidad, afectando la percepción de la ciudadanía sobre la legitimidad de las instituciones y la capacidad del Estado para resolver problemas de fondo.

¿Qué significa la judicialización de la política en el contexto colombiano?

La judicialización de la política se refiere al uso de procesos judiciales para resolver disputas políticas, en vez de solucionarlas mediante mecanismos institucionales democráticos o el debate parlamentario. En Colombia, esta tendencia se ha intensificado cuando actores políticos recurren a la justicia para inhabilitar contrincantes o para defenderse de investigaciones, como se observa en las confrontaciones entre figuras como Abelardo de la Espriella y el gobierno nacional.

Tal fenómeno, analizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, puede generar una sobrecarga institucional, minar la credibilidad ciudadana en los jueces y dificultar la construcción de acuerdos. El riesgo es que la política termine por depender en exceso de las cortes, restándole al sistema democrático su capacidad para generar consensos y sostener el equilibrio de poderes.