Portugal: víctimas de abusos sexuales acusan a la Iglesia y exigen justicia en reparaciones

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Víctimas de abusos sexuales que acusan a la Iglesia lusa protestan este sábado en la Asamblea de la República, en Lisboa, contra la "falta de transparencia" de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) y la "inacción" del Estado. La institución religiosa destaca estar atendiendo peticiones de indemnización a víctimas de abusos, que asciende a 84 solicitudes.

Víctimas de abusos sexuales que acusan a la Iglesia lusa protestan este sábado en la Asamblea de la República, en Lisboa, contra la “falta de transparencia” de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) y la “inacción” del Estado. La institución religiosa destaca estar atendiendo peticiones de indemnización a víctimas de abusos, que asciende a 84 solicitudes.

Víctimas de abusos sexuales que acusan a la Iglesia lusa siguen presionando a la Conferencia Episcopal de Portugal (CEP) y al Estado para que se haga justicia en los casos documentados de abuso.

Miembros de la asociación Corazón Silenciado se congregaron a las puertas de la Asamblea de la República para reclamar agilidad en el proceso de indemnización.

“El trauma no prescribe. La acusación que hacemos en esta protesta es contra la Conferencia Episcopal Portuguesa, la cual se asemeja más a una sociedad secreta que sigue encubriendo y ocultando casi todo”, dice  António Grosso, miembro de Corazón Silenciado, al medio local SIC.

La protesta también critica la “actitud inerte” del Estado portugués, “por el hecho de no haber hecho nada ni promovido nada especial respecto a esta cuestión”.

En cuanto al proceso de entrevistas a las víctimas, apuntan que en los últimos meses tuvieron que recordar los abusos sexuales a los que fueron sometidas, considerando que se trató de “un proceso de revictimización muy duro”.

La CEP, por su parte, defendió que está atendiendo las peticiones de indemnización recibidas, ante las críticas por la falta de transparencia.

En este sentido, la coordinadora del Grupo Vita –organismo creado por la misma institución para canalizar los testimonios–, Rute Agulhas, reconoce la lentitud del proceso de concesión de indemnizaciones a las víctimas, pero defiende que los plazos están justificados por la complejidad del trabajo que se está realizando.

“Entiendo que, desde la perspectiva de algunas víctimas, esto es mucho tiempo. Es cierto, hay víctimas con las que hablé hace casi un año. Las entrevisté en octubre y noviembre, y siempre les informaron sobre los plazos previstos, dada la cantidad de solicitudes”, explica.

Según argumentó a la prensa local, hay detalles que justifican este retraso, debido a unas entrevistas que se realizan una por una.

Aun así, admite que, a partir de diciembre, podría ser legítimo cuestionar el plazo establecido. En cuanto a las acusaciones de mala conducta en las entrevistas, Rute Agulhas niega que se hicieran preguntas irrespetuosas o inapropiadas.

Corazón Silenciado, por su parte, recuerda que una comisión independiente que escuchó entre 2022 y 2023 a cientos de víctimas de abuso en el país luso, validó 512 testimonios de personas que sufrieron abusos y malos tratos en el seno de la institución y de ahí calculó que en los últimos 70 años unos 4.815 menores de edad habrían sufrido agresiones en instituciones católicas del país.

Alrededor de 84 solicitudes

La CEP publicó un comunicado en el que explicó que ha recibido 84 solicitudes, de las que ha determinado que 77 son pertinentes.

Hubo tres que fueron desestimadas porque no se enmarcaban en los parámetros definidos para concederlas, ya que en dos de esos casos no hubo violencia sexual y el restante se produjo fuera del ámbito de la Iglesia lusa.

También hay dos peticiones que no siguieron adelante porque las personas no se presentaron a la entrevista de evaluación y otras dos no respondieron para fijar una fecha para esa entrevista.

Afirmó que hasta el momento dichas comisiones han entrevistado a 70 personas y se han elaborado hasta el día de hoy 65 evaluaciones.

Con medios locales y EFE

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