Presidenta de Perú será investigada por muertes en protestas; hay 3 delitos en lista
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Visitar sitioMiles de manifestantes piden la renuncia de Dina Boluarte, que se convoquen elecciones generales y que Pedro Castillo sea puesto en libertad.
La Fiscalía de Perú (Ministerio Público) inició una investigación preliminar contra la presidenta de ese país, Dina Boluarte, por los 47 muertos que han dejado las protestas.
(Vea también: Justicia peruana acaba con principal excusa de Petro para defender a Pedro Castillo)
Boluarte tomó las riendas del país el pasado 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso así lo dispusiera tras el intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, que fue capturado horas más tarde por la Policía Nacional de Perú. Desde entonces, las protestas en Perú no han cesado.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, que se convoque a elecciones generales anticipadas y la libertad de Castillo, que permanece aprehendido.
El lunes, 9 de enero, se contabilizó la muerte de 18 personas en el marco de los enfrentamientos con la fuerza pública, cuando miles de personas intentaron bloquear el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada a 1.300 kilómetros al sur de Lima, en la región de Puno.
A la fecha, esa cifra asciende a 47 fallecidos, entre ellos, un policía que fue incinerado por una horda de manifestantes.
Investigarán a la presidenta de Perú
“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte”, informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
(Lea también: Gustavo Petro volvió a defender a Pedro Castillo y desde Perú le piden no entrometerse)
Asimismo, investigará al presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior, también serán investigados.
“La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, indicó la Fiscalía de Perú.
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