Nagorno Karabaj tras cinco años de la guerra: reconstrucción y disputa por la memoria

Cinco años después de la guerra de 44 días, Nagorno Karabaj ha cambiado física y políticamente. Tras la reconquista azerbaiyana en 2020 y la ofensiva de septiembre de 2023, Bakú controla la región. El presidente Ilham Aliyev promueve una “reconstrucción a gran escala” y el “Gran Retorno” de los azerbaiyanos. Los resultados, las cifras y los relatos, sin embargo, conviven con la ausencia de la población armenia local, desplazada hace dos años. 

Bakú ha convertido a Nagorno Karabaj en escaparate de su ambición estatal. A las nuevas carreteras y líneas férreas se suman tres aeropuertos en Fizuli, Zangilan y Lachin, concebidos como símbolos de una región “reconectada” con el resto del país. 

En paralelo, el Gobierno de Azerbaiyán abrió la Universidad de Karabaj con el objetivo declarado de formar cuadros para la economía local reconfigurada y estimular la instalación de jóvenes en esta región que urge repoblar.

Curiosamente, las autoridades eligieron el mismo edificio que desde 1963 albargaba la Universidad Estatal de Artsaj para instalar allí la renovada institución educativa.

Las “ciudades y aldeas inteligentes” completan la narrativa oficial de un futuro “verde” y digital.

Aghadzor (Aghali), el primer proyecto piloto, exhibe vivienda nueva, alumbrado y gestión “inteligentes”, paneles solares y servicios públicos automatizados. 

Este despliegue estrecha su brazo a un trasfondo, en esencia, político.

Los grandes anuncios, inauguraciones con líderes extranjeros y cronogramas acelerados proyectan control territorial, capacidad de gasto y una promesa de prosperidad.

Sin embargo, el ritmo de las obras convive con los límites físicos del terreno, particularmente minas o munición sin detonar, y una economía regional aún incipiente.

Según medios azerbaiyanos, hasta la fecha se han eliminado más 30.000 minas y explosivos sin activar, aunque se estima que la eliminación total llevará al menos 25 años y costará más de 50.000 millones de dólares.

“Gran Retorno”: objetivos ambiciosos, ejecución lenta

En la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev mencionó su “programa de reconstrucción a gran escala”, asegurando que más de 50.000 personas ya residen en estas zonas.

Tras su triunfo militar, el Gobierno de Azerbaiyán orientó su mirada hacia la reconstrucción posbélica.

Con las Prioridades Nacionales para el Desarrollo Socioeconómico hacia 2030, planteó un proyecyo que contempla tanto el reasentamiento sostenible de las poblaciones desplazadas como la reintegración económica de los territorios incorporados bajo su control.

Desde 2022, Bakú ordenó bajo el programa estatal “Gran Retorno” el reasentamiento escalonado de sus habitantes.

Según un informe reciente del Banco Mundial, la mayoría de las personas desplazadas internas residen en viviendas proporcionadas por el Gobierno y reciben subsidios.

En general, sus ingresos se mantienen por debajo de la media nacional, por lo que dependen en gran medida del apoyo estatal.

El politólogo Farid Guliyev, profesor asistente en la American University in Dubai, asegura que el programa de Azerbaiyán se ha centrado en reconstruir y repoblar los territorios recuperados, al que el Gobierno ha asignado 12.400 millones de dólares.

“De los 658.000 desplazados internos registrados, poco más de 15.000 se han reasentado de forma permanente a mediados de 2025. La meta es 140.000 para 2026. Al ritmo actual, que se traduce en un promedio de 3.333 desplazados internos al año, es improbable alcanzarla. Se necesitarían aproximadamente 39 años para repoblar Karabaj”, indica Guliyev.

Según el académico, el desminado, la infraestructura y la falta de oportunidades económicas ralentizan el proceso: “La sostenibilidad del retorno depende de crear empleo, capacitar y desarrollar el medio rural”.

En este contexto, Guliyev plantea la brecha generacional como un inconveniente, ya que personas mayores de origen rural batallan con los modelos de aldeas inteligentes, mientras los jóvenes ya integrados en la vida urbana de Bakú no quieren reubicarse.

Inversión, contratos y periodistas en la mira

Para alimentar el ciclo constructor, el Ministerio de Finanzas anunció en 2024 que Azerbaiyán buscaría hasta 5.000 millones de dólares en préstamos de instituciones multilaterales para grandes proyectos de infraestructura en estos territorios que se han integrado a su superficie.

Para ello se cuenta con la potencial participación del Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras y el Banco Islámico de Desarrollo en los próximos cinco años. 

Este apalancamiento llega a una economía que presume reservas elevadas y baja deuda pública, y a un tablero internacional donde compañías, especialmente turcas, han acumulado contratos de obra pública.

A esa ola se suma Reino Unido, cuya petrolera BP opera desde hace décadas en el Caspio y ha sido criticada por alentar a empresas británicas a explorar oportunidades de reconstrucción en las “tierras liberadas”, un mensaje que chocó con la denuncia internacional por el desplazamiento masivo de la población armenia. 

El resultado es un auge de la construcción que beneficia a grupos cercanos al poder político y contratistas extranjeros con espalda financiera.

Este escenario ha encendido alertas en torno a los periodistas que se han atrevido a exponer las maniobras opacas e irregularidades del régimen de Ilham Aliev.

Sus investigaciones derivaron en detenciones y condenas de reporteros que indagaban sobre sobrecostos, adjudicaciones turbias y compras de tierras en Karabaj.

Desde finales de 2023 hasta el presente, Azerbaiyán detuvo, juzgó y sancionó a periodistas de medios independientes como ‘Abzas Media’ y a reporteros de ‘RFE/RL’ en casos calificados como “contrabando de divisas” o “emprendimiento ilegal”.

Luego de ser interrogado por la policía, un periodista de ‘Abzas Media’ lamentó que su medio sea el “último bastión del periodismo independiente en el país”.

En junio de 2025, siete periodistas recibieron penas de hasta nueve años de prisión por sus investigaciones sobre presunta corrupción en la elite azerbaiyana.

Patrimonio y memoria: el costo invisible de la reconstrucción

La reconstrucción material convive con una disputa por la memoria.

Organizaciones académicas como Caucasus Heritage Watch, que monitorean por satélite la región, documentaron entre otoño de 2023 y primavera de 2024 un aumento del 75% en los sitios patrimoniales armenios destruidos y un 29% más de sitios en riesgo.

Investigadores advirtieron que el borrado de huellas culturales no solo debilita la identidad armenia en la región sino que socava las posibilidades de reconciliación futura. 

Por su parte, organizaciones armenias han elevado alertas urgentes sobre el riesgo del patrimonio cultural e histórico armenio en Nagorno Karabaj.

El director del Consejo Nacional Armenio de Estados Unidos (ANCA), Aram Hamparian, denunció la vandalizacion y demolición de numerosos sitios, como iglesias, monumentos, cementerios y objetos de valor patrimonial, afirmando que la eliminación de esta cuestión de la agenda internacional equivale a una negación de la memoria colectiva armenia.

Por su parte, Bakú promueve una visión de “progreso”, que desancla el territorio de su pasado reciente y lo reescribe como tabula rasa tecnológica.

El contraste de nuevas urbanizaciones pulcras frente a sitios armenios demolidos o resignificados tensa la noción misma de “restauración”.

En apenas unos años, el Gobierno de Aliyev ha desplegado un programa de construcción de dimensiones inéditas: aeropuertos que conectan la región con el resto del país, carreteras que cruzan paisajes antes intransitables, ciudades inteligentes que se anuncian como modelo del futuro.

La velocidad impresiona y el relato oficial lo presenta como prueba de progreso y control. Sin embargo, todo este impulso se levanta sobre un territorio donde persiste un silencio incómodo, un vacío que la obra pública no logra llenar.