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La iniciativa del gobernador Ron DeSantis busca aplicar pena de muerte sin deliberación de jurado a inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales.
La propuesta de DeSantis sobre la pena de muerte en Florida para un grupo de inmigrantes ha encendido un intenso debate. El proyecto busca imponer la pena capital obligatoria para aquellos indocumentados condenados por delitos capitales, eliminando la deliberación del jurado, según informó La Nación, de Argentina.
(Vea también: ¿Cómo ver en qué va su caso migratorio en Estados Unidos? Tres formas sencillas)
En el ‘estado del sol’, los delitos capitales incluyen el asesinato en primer grado y el abuso infantil. Cabe mencionar que en Florida, un delito capital puede ser castigado con la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Además, el plan de DeSantis pretende clasificar con esa misma denominación el terrorismo y el tráfico de personas con resultado de muerte, lo que reforzaría las sanciones contra migrantes en situación irregular propuesta por Donald Trump.
Expertos legales han cuestionado la constitucionalidad de la medida. Robin Maher, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, mencionó que la Corte Suprema de EE. UU. prohibió en 1976 las sentencias de muerte automáticas, ya que cada caso debe ser evaluado individualmente.
Stephen Harper, de la Universidad Internacional de Florida, también expresó su rechazo por la propuesta del gobernador. Calificó la propuesta de “cruel” y alertó que vulnera la Octava Enmienda, que prohíbe castigos inusuales. También advirtió que la eliminación de la deliberación del jurado suprime derechos fundamentales.
A pesar de las críticas, la iniciativa sigue en marcha con el respaldo de legisladores republicanos. Sin embargo, en caso de aprobarse, la ley enfrentará demandas y podría ser revisada por la Corte Suprema de EE. UU.
La promesa en campaña electoral de Donald Trump es que al menos 11 millones de migrantes serán deportados de ese país bajo su mandato, situación que avivó una crisis diplomática con Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro se negara a recibir un avión con indocumentados de esa nacionalidad que llegarían esposados a Bogotá.
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