Durán, bajo fuego: el asesinato de un concejal expone la escalada criminal que sacude a Ecuador

El asesinato de Hugo Obando, concejal de Durán, ha visibilizado de manera cruda la crisis de violencia que sacude a Ecuador, particularmente en esta localidad de la provincia del Guayas, considerada uno de los principales bastiones del crimen organizado. Obando, respetado por su integridad y vocación de servicio público, fue asesinado en un ataque que, de acuerdo con las autoridades, fue perpetrado por bandas criminales catalogadas como “terroristas” por el presidente Daniel Noboa, bajo el contexto de un “conflicto armado interno” que el gobierno declaró a inicios de 2024, según datos del Ministerio del Interior y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

El impacto de estos hechos no se limita a la tragedia personal sufrida por la familia de Obando ni al luto que embarga a la administración local. Revela, en cambio, la magnitud de la problemática de violencia que desde hace años mantiene a Durán a la cabeza de las estadísticas nacionales: en 2024 llegó a registrar una tasa de 145,98 homicidios por cada 100.000 habitantes y se mantuvo elevada durante el primer semestre, alcanzando 103,31 según cifras del OECO. Esta situación refleja la expansión y el fortalecimiento de organizaciones delictivas que se disputan territorios, controlar el narcotráfico y lucrarse mediante extorsión.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado reportó la alarmante cifra de 4.619 homicidios en Ecuador solo en los primeros seis meses de 2024, un récord histórico. En este contexto, ataques contra funcionarios públicos como el reciente homicidio del director financiero de la Alcaldía, Javier Bolaños, parecen formar parte de una escalada sistemática, donde estos crímenes buscan amedrentar o desarticular la gestión institucional, reforzando la percepción de inseguridad.

Frente a la gravedad de los hechos, la Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones, incluyendo el levantamiento de pruebas balísticas y el análisis de imágenes de videovigilancia. Por su parte, la Policía Nacional anunció un refuerzo de operativos y condenó públicamente el crimen, mientras que expertos como David Preciado, citado en entrevistas de medios nacionales, insisten en la urgencia de abordar no solo el tratamiento policial del problema sino también sus componentes sociales, particularmente la exclusión y la ausencia del Estado en sectores marginados.

El gobierno de Noboa ha optado por denominar la situación como “conflicto armado interno”, lo que supone un cambio notable en la narrativa oficial y podría traducirse en una mayor asignación de recursos y nuevas estrategias de seguridad. Sin embargo, informes del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y organizaciones civiles advierten que una respuesta exclusivamente militar y punitiva puede ser insuficiente o incluso contraproducente, si no se incorpora la prevención social y la construcción de alternativas para los jóvenes vulnerables. Así, Durán emerge como símbolo del mayor desafío ecuatoriano: conciliar la seguridad con el desarrollo social y la protección de los derechos humanos en un entorno regional marcado por el avance del crimen organizado.

La cobertura responsable de estos hechos por parte de medios de reconocida credibilidad, como The New York Times y la BBC, resulta esencial para contextualizar los sucesos, distinguir datos verificables de versiones no confirmadas y ampliar el enfoque hacia soluciones de fondo más allá del reporte inmediato de los actos violentos.

¿Por qué Durán es considerada la ciudad más violenta de Ecuador? La percepción de Durán como la ciudad más violenta del país proviene de estadísticas oficiales que demuestran tasas de homicidio significativamente superiores a otros municipios ecuatorianos. Este fenómeno ha sido atribuido, según informes del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, a la consolidación de bandas organizadas que ven en el cantón un territorio estratégico para actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. Además, la ubicación geográfica de Durán facilita el tránsito de mercancías ilegales y dificulta las acciones contundentes del Estado.

El entorno social marcado por altos índices de pobreza y falta de oportunidades laborales incrementa la vulnerabilidad de sectores juveniles, quienes pueden verse forzados a integrar organizaciones criminales. La persistencia de estos factores estructurales explica, en parte, por qué los esfuerzos policiales por sí solos no han logrado reducir la violencia en la zona.

¿Qué significa “conflicto armado interno” y cuáles son sus implicaciones legales? El término “conflicto armado interno” es adoptado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024 para describir la gravedad y sistematicidad de los ataques violentos perpetrados por bandas criminales. Según criterios del derecho internacional y la legislación ecuatoriana, esta denominación permite el uso de recursos militares y excepcionales bajo la justificación de garantizar el orden público y la seguridad nacional.

No obstante, organizaciones civiles y expertos en seguridad sostienen que declarar un conflicto armado interno puede generar riesgos para las libertades ciudadanas y los derechos humanos, en la medida en que aumenta la presencia militar y otorga mayores facultades a las fuerzas armadas, por lo que demandan medidas integrales que incluyan la prevención social y el fortalecimiento institucional.