Detenido en Alemania el presidente de Audi por el ‘dieselgate’

Rupert Stadler, fue capturado por las sospechas de fraude en relación con el escándalo de su casa matriz Volkswagen relacionado con motores trucados, la compañía automotriz asegura que es una medida temporal.

La Fiscalía de Braunschweig impuso la semana pasada una multa de 1.000 millones de euros por la manipulación de las emisiones de gases en motores diésel al grupo automovilístico alemán Volkswagen, que la ha aceptado y que no recurrirá.

“La orden de arresto se basa en encubrimiento de pruebas”, dijeron en un comunicado los fiscales de Múnich, que ya allanaron la vivienda de Stadler la semana pasada.

Tanto Stadler como otro miembro del directorio de Audi fueron acusados de “fraude” a finales de mayo.

De este modo concluye el proceso para Volkswagen, que esperaba los últimos días que tuviera “efectos positivos notables” sobre otros procesos que el grupo y sus filiales tienen en otros países de Europa.

La agencia federal del automóvil, KBA, ordenó a principios de junio la retirada de unos 60.000 Audi A6 y A7 después de que se descubriera la presencia de un “dispositivo ilícito” capaz de falsificar los niveles de emisiones de gases contaminantes.

A finales de mayo se llevaron a cabo registros en los domicilios de los dos sospechosos, después de que se hubieran allanado en febrero, marzo y abril los domicilios y lugares de trabajo de responsables de Audi en Alemania, incluida la sede del fabricante en Ingoldstadt.

Varias fiscalías alemanas abrieron investigaciones por fraude, manipulación de cotización en bolsa o publicidad engañosa contra trabajadores de Volkswagen y sus marcas Audi y Porsche, así como de Daimler y de la marca de electrodomésticos Bosch.

El ex director ejecutivo de Volkswagen Martin Winterkorn y su sucesor, Martin Mueller; el actual jefe del consejo de vigilancia del grupo, Dieter Poetsch; y el actual presidente de Volkswagen, Herbert Diess, son objeto de estas investigaciones.

El escándalo del “dieselgate” estalló en septiembre de 2015, cuando la agencia estadounidense de medioambiente, la EPA, acusó a Volkswagen de haber equipado 11 millones de sus vehículos diésel, unos 600.000 de ellos en Estados Unidos, con un dispositivo capaz de falsificar el resultado de las pruebas anticontaminación y de disimular emisiones que a veces eran hasta 40 veces superiores a los límites autorizados.

La Justicia alemana considera probado que desde mediados de 2007 y hasta 2015, se produjeron incumplimientos que permitieron que Volkswagen equipara 10,7 millones de vehículos con el motor diesel EA 288 de la tercera generación en Estados Unidos y Canadá y con el motor EA 189 con una función de software ilegal, que se vendieran y que entraran en circulación.