Diez años después del Acuerdo de París, una cita decisiva para la acción climática

La trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima se inaugurará oficialmente el lunes 10 en Belém, a las puertas de la Amazonia brasileña. Están acreditadas 143 delegaciones de los 197 Estados miembros de la ONU que forman parte del clima. Como preludio a esta COP30, este jueves y viernes se espera que los jefes de Estado envíen mensajes contundentes, en un momento en que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando y el Sur carece de fondos para llevar a cabo su transición energética y prepararse para los cambios.

La trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima se inaugurará oficialmente el lunes 10 en Belém, a las puertas de la Amazonia brasileña. Están acreditadas 143 delegaciones de los 197 Estados miembros de la ONU que forman parte del clima. Como preludio a esta COP30, este jueves y viernes se espera que los jefes de Estado envíen mensajes contundentes, en un momento en que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando y el Sur carece de fondos para llevar a cabo su transición energética y prepararse para los cambios.

Por Géraud Bosman-Delzons, enviado especial de RFI a Belém

Criticadas, con razón o sin ella, por su ineficacia ante la urgencia, las COP de las Naciones Unidas siguen siendo, sin embargo, el único momento político en el mundo —con la excepción de la Asamblea General— en el que todos los Estados están representados y todos tienen voz y voto. La trigésima edición se inaugura el 10 de noviembre en Belém, una ciudad pobre del estado de Pará, el más deforestado de Brasil.

Aunque no hay ningún tema emblemático que destaque en la agenda de negociaciones, esta COP sigue siendo crucial y simbólica. En particular, porque se celebra diez años después del Acuerdo de París, el texto universal que sirve de marco para la acción climática.

Su misión es lograr que los países colaboren en la lucha común contra el calentamiento global. Todos ellos tienen responsabilidades muy diferentes en cuanto a su origen y capacidades desiguales para hacer frente a sus efectos, cada vez más frecuentes e intensos. El huracán Melissa es un nuevo ejemplo de ello: el fenómeno más potente que ha azotado una isla del Atlántico ha dejado a su paso cerca de 60 muertos y las islas del Caribe devastadas.

Este huracán volverá sin duda a estar en boca de muchos líderes este jueves y viernes. Se espera que unos sesenta jefes de Estado y de Gobierno suban al estrado del Parque de Cidade.

Por turnos, darán a conocer sus expectativas y prioridades. La presidencia de la COP espera mucho de este “Global Mutirão”, expresión repetida en numerosas ocasiones que designa un momento de acción y ayuda mutua entre las comunidades indígenas de la selva amazónica. “Tenemos las soluciones, tenemos el compromiso. Es hora de que el debate y la acción climática salgan de las salas de negociación”, afirmó el viernes pasado Tulio Andrade, director estratégico de la COP30, en una rueda de prensa.

La COP30 abre un nuevo ciclo para la “ambición climática”. Tal y como exige el Acuerdo de París, los Estados debían presentar sus nuevas políticas climáticas, o Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), con horizonte en 2035. El conjunto de las nuevas NDC para limitar las emisiones de carbono conducen a un calentamiento de entre 2,3 °C y 2,5 °C de aquí a finales de siglo, e incluso de 2,8 °C si se mantuvieran las políticas actuales. No es un panorama tan sombrío. En 2015, los científicos pronosticaban para 2100 un escenario apocalíptico de +4 a +5 °C de calentamiento. “El Acuerdo de París funciona, se observa un cambio de rumbo”, asegura Gaïa Febvre, responsable de políticas internacionales de la Red de Acción Climática (RAC), haciéndose eco de otros expertos.  “Pero aún no es suficiente para mantener un planeta viable”, sostiene.

Y por una buena razón: “Las nuevas NDC apenas contribuyen al progreso”, porque la reducción de las emisiones solo sería del 10 % de aquí a 2035 con respecto a 2019, mientras que habría que reducirlas en un 60 % para cumplir el primer objetivo del Acuerdo de París: contener el calentamiento global “muy por debajo de 2 °C” y “proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C” con respecto a la era preindustrial.

En resumen: la teoría está ahí, pero la acción no avanza lo suficientemente rápido, a pesar del despliegue masivo de energías renovables. “No conseguiremos contener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C en los próximos años”, reconoció por primera vez Antonio Guterres, unos días antes de la apertura de la COP. Con “consecuencias devastadoras” para muchos países donde las temperaturas a veces superan los 50 °C y donde el mar inunda las costas y saliniza los cultivos en las regiones del delta.

En este contexto, la posición europea es muy comentada. Los Veintisiete estuvieron a punto de fallar en su compromiso con la ambición climática. La UE, que es la única gran potencia que redujo sus emisiones el año pasado, desempeña un papel de liderazgo en las negociaciones sobre el clima. Esta vez llega dividida, bloqueada por países conservadores, a los que se ha sumado Francia desde este verano. París multiplica los retrocesos medioambientales, 43 en seis meses según la RAC, lo que refleja una tendencia más generalizada. En una reunión de última hora, los ministros de Medio Ambiente no lograron ponerse de acuerdo sobre un objetivo concreto para 2035. Bruselas llega a la COP con un plan climático debilitado, presentado in extremis, y presentará un rango de reducción de emisiones del 66,25 % al 72,5 %. “Incluso el límite superior de este rango es incompatible con una trayectoria creíble hacia la reducción del 90 % propuesta para 2040”, ha reaccionado Greenpeace.

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Otros, como la enviada especial para Europa ante la presidencia de la COP, Laurence Tubiana, se felicitan de que “Europa llegue a Belém con una NDC fuerte”. Pero la “arquitecta” del Acuerdo de París lamenta “el juego de la puja a la baja”. “Cualquier señal de dudas y retrocesos es negativa. “La UE ya no está en absoluto en una posición de liderazgo, por mucho que lo proclame”, criticó Rebecca Thissen, responsable de incidencia global de la Red de Acción Climática Internacional. 

¿Esta COP carecerá de un defensor de la ambición y quedará a merced del estancamiento, el retroceso e incluso la negación? El contexto geopolítico no es favorable para avanzar en materia climática, cuando la urgencia lo exige. La administración Trump, que rechaza cualquier diálogo multilateral, no enviará a ningún representante de alto nivel. Lo que no significa que no vaya a actuar entre bastidores. A mediados de octubre, logró retrasar la adopción de un importante acuerdo sobre la descarbonización del transporte marítimo. “La estrategia de mano dura que emplearon en Londres [sede de la Organización Marítima Internacional] podría repetirse en Belém”, teme Rebecca Thissen. “Presionan a los países con los que tienen acuerdos bilaterales para que se sumen a sus intereses”. 

Para Sébastien Treyer, director del grupo de reflexión Iddri, es la transformación de las economías lo que contribuye a tensar las relaciones entre los Estados. “El despliegue extremadamente rápido de las tecnologías eléctricas y las energías renovables chinas está revolucionando la mayoría de las relaciones comerciales entre los países. Eso es lo que crea muchas tensiones”, explica. Ahora, los planes climáticos se están convirtiendo en verdaderas estrategias económicas. El problema es que no están coordinadas, sino que compiten entre sí. Señala la “necesidad de señales de apaciguamiento y cooperación, solicitadas tanto por los europeos como por los chinos, en materia de clima, comercio e inversión. Un escenario de cooperación requiere coordinar las políticas industriales en lugar de enfrentarlas. Es mucho mejor para el clima”. 

La diplomacia brasileña ha situado “el refuerzo del multilateralismo” entre sus principales prioridades. Pretende fomentar las soluciones y coaliciones que existen fuera de las negociaciones: contra la deforestación, para cuadruplicar el desarrollo de las energías renovables, reducir las emisiones de metano, promover las oportunidades de la economía baja en carbono, o incluso los controvertidos biocombustibles.  

Brasil lleva la COP a casa

¿Qué país más emblemático que Brasil podría acoger este momento crucial que pretende “acelerar la aplicación” de las medidas prometidas, COP tras COP?   

El gigante sudamericano posee el 60 % de la selva amazónica, que ha sido amputada de una superficie del tamaño de España en cuarenta años para cultivar y pastoreo de forma extensiva. Su conservación será el tema central de la “COP de los bosques” y del Fondo de Defensa de los Bosques Tropicales (TFFF), que el presidente Lula hará oficial este jueves y que pretende convertir en el legado concreto de esta COP, quizá con vistas a lograr avances tangibles en el ámbito de las negociaciones. 

Sus exuberantes bosques primarios son un refugio de biodiversidad y ecosistemas únicos. Este entorno es también el espacio vital de 400 pueblos indígenas. Una caravana fluvial, que partió el 16 de octubre de Ecuador, llegará a Belém el domingo, tras un viaje de 3000 km. La coalición “La respuesta somos nosotros”, formada por líderes de los pueblos indígenas de los nueve países de la cuenca amazónica, reclamará, durante una Cumbre de los Pueblos (12-16 de noviembre), un lugar oficial en la mesa de negociaciones.  

“Con más de 3.000 representantes, esta debería ser la mayor participación indígena en la historia de las COP”, explica Richard Klein, del Instituto Medioambiental de Estocolmo. “Numerosos líderes indígenas han defendido que esta visibilidad debe traducirse en un verdadero poder de decisión y un acceso directo a la financiación”.  Se esperan anuncios sobre estos dos aspectos este jueves por parte de una docena de países, entre ellos Noruega, Alemania y el Reino Unido. 

En 1992, Brasil fue sede de la Cumbre de la Tierra de Río, un gran momento para los movimientos alternativos y sociales, y el año en que nacieron las COP. Treinta y tres años después, en un contexto de explosión de las desigualdades económicas, el gran reto de esta “COP de los pueblos indígenas” será garantizar que la “transición energética fuera de los combustibles fósiles” sea “justa”, “ordenada” y “equitativa”, tal y como se solicita en el acuerdo alcanzado en 2023 en Dubái (Balance mundial). Que, por ejemplo, el acceso a los minerales críticos para la transición beneficie a todas las sociedades sin reproducir los patrones de expoliación de tierras ni agravar las desigualdades. Que la explotación industrial de las tierras indígenas excluya cualquier proyecto extractivista o de plantación de monocultivos. La COP30 tendrá la tarea de trazar una hoja de ruta para responder a este desafío. También será el caballo de batalla de las ONG, que reclamarán el establecimiento de un mecanismo internacional para inventariar y articular las iniciativas existentes. “Existe una oportunidad real de pasar de diez años de debate sobre la transición justa a una aplicación concreta”, explica Gaïa Febvre, responsable de políticas internacionales de la Red de Acción Climática de Francia. Hoy en día, la transición justa está extremadamente fragmentada y la parte “justa” de la transición está desapareciendo. A pesar de que el acceso a la vivienda en Belém es injusto hasta el absurdo, la sociedad civil se ha dado cita el 15 de noviembre en las calles de la capital de Pará. 

Brasil es también un gigante en el ámbito agrícola, a expensas de su selva, y el octavo país productor de oro negro. Es una potencia emergente que encarna el dilema entre la lucha contra el cambio climático y el deseo de explotar sus lucrativos pero nocivos recursos fósiles para financiar el desarrollo económico. Pero Lula da Silva ex sindicalista, que ha pasado tres veces por la presidencia y por la cárcel, ha decidido autorizar, a dos semanas de la COP, la exploración petrolera en la desembocadura del Amazonas. Desde entonces, la bronca es mundial y los responsables brasileños, ellos mismos divididos, se ven obligados a justificar esta afrenta al clima. “Es una contradicción”, reconoce Tulio Andrade, director estratégico de la COP. “Pero hay diferentes formas de hacer la transición. Antes de cambiar de casa, hay que construir una nueva. Hay que construir una nueva economía”.

El nudo gordiano de la financiación 

Otros países que poseen estos recursos se ven tentados a extraerlos para enriquecerse. Porque, mientras tanto, el nudo gordiano de la financiación a los países del Sur sigue sin desatarse.

Al término de la COP29, los Estados acordaron un nuevo objetivo de 300.000 millones de dólares para la transición y la adaptación al cambio climático. Una suma que los países industrializados, históricamente responsables de la concentración de CO2 en el aire, deberán pagar cada año hasta 2035 a los países del Sur. “Este acuerdo ha dejado un sabor amargo a los países en desarrollo”, explica Lorelei Limousin, responsable de finanzas de Greenpeace, ya que está muy alejado de las necesidades.

Por ello, estos países solicitaron en la COP29 recibir 1000.000 millones de dólares más al año. La “hoja de ruta de Bakú a Belém”, publicada ayer, debía establecer los medios para lograrlo. Mejor coordinación financiera, alivio de la deuda, papel del sector privado y de los bancos de desarrollo, pero también impuestos: “las herramientas están listas”, aseguran los presidentes de la COP29 y la COP30, el azerbaiyano Mukhtar Babayev y el brasileño André Correa do Lago.

Las soluciones no tienen nada de innovadoras, lamentan por su parte las ONG. “Nos preguntamos qué podrán hacer los Estados con esta hoja de ruta. Los dos únicos puntos concretos son una serie de diálogos el año que viene para debatir su aplicación y un grupo de expertos independientes”, analiza Rebecca Thissen, especialista en finanzas de Climate Action Network. Greenpeace, también decepcionada, destaca sin embargo “una señal positiva” sobre “la fiscalidad de las empresas de combustibles fósiles (que) parece claramente la solución para superar las restricciones presupuestarias nacionales”, celebra Rebecca Newsom. Un impuesto sobre las grandes fortunas podría reportar entre 200.000 y 1,364 billones de dólares, según los tipos aplicados, indica el informe. En cuanto a la aviación y el transporte marítimo, reportaría entre 4.000 y 223.000 millones de dólares, y un impuesto sobre las transacciones financieras, entre 10. 000 y 327.000 millones de dólares.

Este tema fundamental de la financiación influye en todos los demás. Será la base para evaluar los avances nacionales en materia de adaptación (Objetivo Mundial de Adaptación) a través de 100 indicadores concretos que deben debatirse e incluso adoptarse. Además, el compromiso adquirido en Glasgow, durante la COP27, de duplicar la financiación pública internacional hasta alcanzar los 40.000 millones anuales para la adaptación antes de 2025 está a punto de expirar. En su informe anual sobre la adaptación, la ONU estima que faltan entre 310.000 y 365.000 millones anuales destinados al Sur.

COP30 en Belém, Brasil: el reto de la armonización de la financiación

En esta COP, “no hay que esperar acuerdos sobre grandes temas llamativos”, según Marta Torres-Gunfaus, investigadora sobre el clima en el IDDRI. En el Instituto Medioambiental de Estocolmo, Richard Klein coincide: “La sensación de urgencia crece cada año, pero es poco probable que esta urgencia se refleje en los resultados de la COP30”.

Varios expertos, como la climatóloga Valérie Masson-Delmotte, esperan que la histórica opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitida en julio, se cite en el documento final. El alto tribunal estipula que la acción climática es ahora una obligación jurídica para los Estados. “En un momento en el que muchos países están renunciando a sus compromisos”, concluye Richard Klein, “una referencia de este tipo subrayaría que la inacción frente al cambio climático puede tener consecuencias”.