Economía
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El ente control se pronunció en segunda instancia, este viernes, y tiene serias implicaciones en lo político pues afecta al exgobernador de Antioquia.
En segunda instancia, la Contraloría General de la República confirmó la declaratoria de responsabilidad fiscal a título de culpa grave contra 26 personas naturales y jurídicas, entre ellas, antiguos miembros de la junta directiva de Hidroituango.
Una de esas personas que estuvieron en la junta directiva de Hidrohituango fue Sergio Fajardo, como gobernador de Antioquia. Pero la decisión de la Contraloría involucra al también exgobernador de ese mismo departamento Luis Alfredo Ramos.
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La diferencia entre Ramos y Fajardo es que Fajardo está trabajando intensamente en la Coalición de la Esperanza para perfilar una candidatura con miras a las elecciones presidenciales de 2022.
La Contraloría también determinó declarar como terceros civilmente responsables en este caso de Hidroituango a las aseguradoras Mapfre Seguros Generales de Colombia y a Seguros Generales Suramericana.
Fajardo había dicho cuando en una primera instancia la Contraloría lo responsabilizó por el caso que ya sabía que lo iban “a joder”… desde antes del desastre de Hidroituango, y aseguró que el ‘cartel de la toga’ armó la estrategia para sabotear su candidatura presidencial.
Ahora, el panorama para Fajardo se mueve en principio en dos perspectivas: una según la cual si el fallo de la Contraloría queda en firme no lo inhabilitaría para continuar con sus aspiraciones presidenciales, y otra que encuentra verdaderas dificultades en una eventual posesión de Fajardo como presidente (en el hipotético caso de que ganara las elecciones), pues uno de los requisitos es pagar la multa que eventualmente le imponga la Contraloría y que se calcula multimillonaria.
Si bien esos datos todavía no están claros, sí se puede partir del hecho de que la Contraloría establece la responsabilidad fiscal por el caso de Hidroituango en 4,2 billones de pesos.
Este no es el único escollo que enfrenta Fajardo en su campaña presidencial. La Fiscalía General de la Nación lo citó el 16 de diciembre próximo para que acuda a la audiencia en la que se le señalará de supuestas irregularidades en un contrato con Corpbanca, y que tienen que ver un contrato de “sustitución de deuda” que hizo con esa entidad cuando él fue gobernador de Antioquia, y que implicó un desembolso de 77 millones de dólares, que en ese momento representaban una deuda de 600.000 millones de pesos.
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