Advierten por ley que preocupa a propietarios en Colombia; daría beneficios a ocupantes

En el Congreso de la República avanza el trámite del proyecto de ley 206 de 2025, conocido popularmente como la Ley Okupa. Esta normativa pretende legalizar ocupaciones de más de 10 años, tanto en el campo como en las ciudades.

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Sin embargo, según advierte la creadora de contenido Manuela Alejandra Reyes, la norma podría facultar a los alcaldes para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin concertación ciudadana y abrir el camino a expropiaciones bajo el argumento de utilidad pública.

De acuerdo con Reyes, la Ley Okupa se perfila como una medida que busca  mejorar o legalizar asentamientos informales, pero en la práctica podría minar la propiedad privada y socavar la seguridad jurídica en Colombia.

En un video publicado en redes sociales, advierte que campesinos, comerciantes y familias deben observar con atención sus posibles efectos. “Abre la puerta a validar ocupaciones irregulares, enviando el mensaje de que invadir puede tener premio”, indicó Reyes.

@manuelaganadera8 El PL 206/2025, la llamada LEY OKUPA, no es un simple proyecto: legaliza ocupaciones de más de 10 años, permite a los alcaldes cambiar el POT sin concertación y abre la puerta a expropiaciones por utilidad pública. En el papel suena a mejorar asentamientos, pero en la práctica pone en jaque la propiedad privada y la seguridad jurídica en Colombia. Este video explica por qué todos campesinos, comerciantes y familias , debemos estar atentos. #ManuelaGanadera #política #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #colombia ♬ original sound – manuuuu🐄

Posibles impactos sobre comunidades y propietarios

Para campesinos, podría implicar la pérdida forzada de sus tierras tradicionales sin garantías claras ni compensaciones justas. Para comerciantes y ciudadanos promedio, abre la puerta a conflictos legales e inseguridad sobre sus propiedades. Las familias que esperaban estabilidad podrían enfrentarse a demandas de desalojo o reversión de títulos.

Por otro lado, el discurso oficial argumenta que esta ley permite regularizar miles de viviendas informales, impulsar el acceso a servicios públicos y promover justicia social. Pero Reyes advierte que ese propósito queda opacado si se debilitan los derechos fundamentales de propiedad.

Este debate va mucho más allá de la legalidad urbana y tiene que ver con el equilibrio institucional, la seguridad jurídica y la protección de derechos individuales frente al poder público.