Demolición sin orden y violencia: el caso que revela cómo pierden su hogar cientos de familias en Colombia

El caso de doña Luz Maritza Giraldo, habitante del barrio Mano de Dios en Altavista, trasciende los límites de una disputa familiar y expone una serie de complejidades sociales, legales e institucionales relacionadas con el acceso y la protección de la vivienda en Colombia. Luego de una emergencia natural, la casa donde vivía junto a sus tres hijos fue destruida por la familia de su expareja, quienes habían donado el terreno hace 16 años. Según el relato de doña Luz Maritza, tras la ruptura causada por presuntos malos tratos e infidelidad, los exsuegros buscaron apropiarse nuevamente del predio. Esta situación fue agravada por el dictamen del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), que clasificó el riesgo de la casa como “medio-bajo”; es decir, no requería demolición urgente, pero sirvió como argumento central en la disputa.

La demolición, ejecutada directamente por la familia de la ex pareja, incluyó el retiro de techos, muros y la desaparición de enseres domésticos, lo que evidenció un conflicto que no solo involucra aspectos intrafamiliares, sino también la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para proteger los derechos de personas en situación de vulnerabilidad tras emergencias. Según el Ministerio de Vivienda de Colombia (2023), la falta de seguridad jurídica en propiedades informales o en disputa es un problema de fondo que requiere abordajes interinstitucionales, resaltando la importancia de la mediación y la protección legal para los hogares más desfavorecidos.

La intervención de la Policía y la Personería, así como las constantes denuncias y enfrentamientos registrados por video, ilustran la gravedad del conflicto. Ambos actores han llevado sus denuncias a instancias como la Fiscalía y la inspección de Policía para determinar responsabilidades sobre la destrucción del inmueble y los derechos de quienes lo habitaban. Sin embargo, este caso pone de manifiesto la necesidad de que el Estado, además de cumplir funciones de control y orden público, desarrolle estrategias para salvaguardar a mujeres y menores en riesgos de quedar desamparados tras situaciones de violencia y crisis.

Contextualizando este caso, un informe de la Universidad Nacional de Colombia (2024) revela que al menos 30% de las viviendas en zonas rurales y periurbanas enfrentan inseguridad jurídica, acentuando la recurrencia de disputas violentas que carecen de salidas legales claras. Además, temas como la desaparición de ayudas alimentarias entregadas por la Alcaldía disparan reservas sobre la efectividad y el seguimiento institucional de los apoyos a hogares afectados por emergencias, aspecto ya advertido en reportes de la Contraloría General de Antioquia (2023).

El drama personal de doña Luz Maritza es representativo de un contexto mayor, en el cual la fragilidad institucional se hace eco de tensiones recurrentes: la disputa territorial, la precariedad de los lazos familiares y la ausencia de rutas claras para la reconciliación y el acompañamiento social. Así lo afirma también la ONG Diálogo Social Colombia (2024), que ve en este tipo de conflictos la urgencia de articular políticas públicas orientadas al apoyo psicosocial, la mediación comunitaria y la protección legal efectiva.

En conclusión, la historia de la familia Giraldo no es un hecho aislado, sino un reflejo de problemas estructurales no resueltos en Colombia, como la inseguridad tenencial, la violencia doméstica y la débil gestión de riesgos. El pronunciamiento final de las autoridades judiciales será fundamental, no solo para dirimir este caso, sino para sentar precedentes que brinden mayor seguridad y dignidad a familias vulnerables, reclamándoles al Estado y la justicia respuestas más integrales y empáticas ante situaciones similares.

El término “riesgo medio-bajo”, según la clasificación utilizada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), alude a una calificación de amenaza no inminente de colapso o afectación severa para una vivienda. En el contexto del caso de Altavista, esta calificación implicaba que la casa de doña Luz Maritza no debía ser demolida de inmediato, aunque sí presentaba amenazas moderadas. Este diagnóstico resulta relevante porque fue usado por la familia de la expareja para justificar la demolición, aún sin haber una orden institucional clara, provocando así un vacío entre valoración técnica y acción legal.

La interpretación de tales clasificaciones técnicas muchas veces es aprovechada en conflictos familiares, generando controversias adicionales y evidenciando la necesidad de procedimientos más claros y una comunicación entre entidades y afectados que impida el uso indebido de conceptos técnicos en disputas privadas.

En situaciones de pérdida de vivienda por emergencias, como la vivida por la familia Giraldo, el acompañamiento estatal debería contemplar no solo albergues temporales, sino también garantías legales, apoyo psicosocial y vías de mediación para resolver disputas sobre la tenencia del terreno. El Ministerio de Vivienda y la Personería tienen facultades para articular programas de protección y restitución de derechos, pero la ejecución efectiva de estas ayudas y su seguimiento continúan siendo tareas en deuda, sobre todo en sectores donde prevalecen relaciones informales de propiedad.

La falta de alternativas de mediano y largo plazo fomenta el desarraigo y profundiza la vulnerabilidad social, por lo que los expertos sugieren que la solución no puede limitarse a la emergencia inmediata, sino articular esfuerzos dirigidos a la regularización, el acompañamiento integral y la prevención de nuevos conflictos tras las crisis.