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Residir en un edificio o conjunto conlleva respetar ciertas normas que están cobijadas por la ley nacional. Tenga en cuenta que allí se incluyen las multas.
Recientes estadísticas apuntan a que casi la mitad de los colombianos vive en arriendo. Por eso, es importante que esa población tenga claras las condiciones de sus lugares de residencia.
En el caso de aquellos que viven en arriendo, hay lineamientos claros sobre las normas que deben cumplir y los montos de las multas por irrespetar las mencionadas reglas.
(Vea también: Desde cuándo le subirá el valor del arriendo en 2025; no se deje engañar por el dueño).
La ley 820, que regula los derechos y deberes de los arriendos en Colombia, detalla cuáles son los elementos a seguir en casos como irrespeto de normas u otros escenarios.
“Cuando se presenta algún inconveniente por incumplimiento del contrato, ya sea por violación de un derecho del inquilino o porque este falte a sus obligaciones, arrendatarios y arrendadores están respaldados por la Ley 820 y se puede incurrir en sanciones económicas, administrativas o llegar a un proceso jurídico si no hay conciliación entre las partes”, detalla al respecto el portal Metrocuadrado.
Asimismo, en esa normativa se detalla la manera en la que entidades locales o regionales deben actuar ante las violaciones de normas en edificios o conjuntos del país.
“Por ejemplo, en Bogotá, la Secretaría del Hábitat es la autoridad encargada de ejercer control sobre arrendatarios y propietarios. En otras ciudades, esta función puede recaer en entidades como las Personerías Municipales, las Secretarías de Gobierno o de Planeación, o incluso las Alcaldías locales”, detalla ese medio al respecto.
En Colombia, las leyes de arrendamiento están reguladas principalmente por la Ley 820 de 2003, que establece las normas para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana.
Este marco normativo protege tanto a los arrendadores como a los arrendatarios, buscando equilibrar sus derechos y obligaciones.
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo entre dos partes: el arrendador, quien cede el uso de un inmueble, y el arrendatario, quien paga un canon mensual por ese uso.
Este contrato debe ser por escrito, estipulando el valor del canon, la duración del contrato y otras condiciones acordadas entre las partes.
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