Crem Helado, BonIce y Vive100, en problemas por situación que sufren sus vendedores

El Ministerio de Trabajo de Colombia ha puesto en marcha una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el abogado Óscar David Benavides.

El Ministerio de Trabajo de Colombia ha puesto la lupa sobre una grave denuncia que involucra a miles de trabajadores asociados a las empresas comercializadoras de productos como Crem Helado, Bon Ice y Vive 100, por presuntas irregularidades que los denunciantes han calificado como explotación laboral. La acción fue interpuesta formalmente ante las autoridades competentes y el Ministerio de Trabajo por el abogado y líder social Óscar David Benavides, quien ha denunciado la precarización laboral y la vulneración de derechos fundamentales que aquejan a los vendedores ambulantes vinculados a estas compañías.

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La queja formal, radicada ante el Ministerio de Trabajo, acusa a multinacionales responsables de la distribución de estos productos, entre ellas Quala S.A. y el Grupo Nutresa, de incurrir en explotación y precarización al someter a los trabajadores a condiciones de labor sin la debida protección. Los vendedores ambulantes aseguran que deben cumplir con rutas específicas y extensas jornadas que superan las ocho horas de trabajo, e incluso, se les exige cumplir con metas de ventas diarias. A pesar de trabajar a la intemperie, los vendedores no contarían con afiliación a ARL (Administradora de Riesgos Laborales) ni servicio de EPS (Entidad Promotora de Salud) por parte de las empresas asociadas. En consecuencia, lo que se solicita es que la totalidad de los vendedores sean afiliados a la EPS y a la ARL.

Así lo detalló el abogado Benavides en entrevista con Noticias Caracol, donde calificó que se denunció “una nueva forma de esclavitud moderna que los más vulnerables del país están siendo víctimas. Recordemos que la Constitución Política dice que en Colombia no se debe someter a los ciudadanos a malos tratos ni a tratos inhumanos y en este caso tenemos muchos adultos mayores que están parados en un semáforo vendiendo Vive 100 o en los parques vendiendo productos de Bon Ice y en ese sentido las empresas Quala y el Grupo Nutresa no está garantizando la protección a sus derechos fundamentales o a sus derechos del trabajo”

El sustento legal de la denuncia se basa en la tesis del “contrato realidad”. El abogado Benavides argumenta que, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, para que exista una relación laboral se deben cumplir elementos esenciales, y estos se presentan en la labor de los vendedores. Estos elementos incluyen el cumplimiento de un horario, la recepción de una remuneración y el ejercicio de unas funciones concretas. Además, los trabajadores reciben dotación, sirviendo como “letreros ambulantes que andan en la calle mostrando y haciéndole publicidad a estas grandes multinacionales”. No obstante, a pesar de contribuir al éxito comercial, estos empleados no reciben “nada para poder resarcir su trabajo”.

La querella sostiene que estas corporaciones habrían empleado figuras jurídicas como “vendedores independientes” o “colaboradores externos” para esconder las verdaderas relaciones laborales que, según la denuncia, se mantienen pese a que el personal cumple labores permanentes, que son esenciales para el negocio, y se encuentran bajo subordinación directa. De comprobarse irregularidades en este manejo de personal, la demanda solicita la verificación de la posible desnaturalización de los contratos a través de figuras de tercerización, siguiendo los criterios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Óscar David Benavides, quien ha liderado la presentación de la demanda, afirmó en entrevista con Noticias Caracol que ha investigado exhaustivamente el fenómeno, pues lo ha vivido “en carne propia”. Benavides relató que, cuando era menor de edad (llegó a Bogotá a los 17 años), fue vendedor ambulante y anduvo “con una neverita”, conociendo el significado de salir a vender “al sol al agua y a la lluvia”. Refiriéndose a su pasado, expresó: “Yo también fui vendedor ambulante, conocí la explotación, la incertidumbre y la humillación. Conocí lo que es sobrevivir a punta del trabajo sin derechos”. Por ello, denuncia la persistente violación de la dignidad, una situación que, según él, afecta a los colombianos más vulnerables.

¿Qué dice la denuncia presentada al Ministerio de Trabajo?

El letrado indicó que la denuncia se realizó con las voces de una población que no solo incluye adultos mayores, sino también de mujeres en estado de embarazo, personas en condición de discapacidad y niños menores de edad. “Toda esta información que nosotros suministramos dentro de nuestra denuncia presentada al Ministerio de Trabajo viene siendo recopilada directamente por cada una de esas personas que están trabajando en este momento”, precisó y añadió que en Bogotá hay más de 28.000 semáforos y que, en la mitad, se encontrarán vendedores de ‘Vive 100’.

“Nuestros adultos mayores y las personas que se dedican a estas labores están sometidas a horarios de más de 12 horas de trabajo con el fin de poder cumplir con esas metas que se les que se les impone y pues eso disminuye el tiempo que pueden pasar con sus familias“, señaló y añadió que es la situación trae consigo un alto desgaste físico. Entre los casos mencionados, trajo a colación el caso “de un adulto mayor que le dio un infarto vendiendo Vive 100 y no podemos quedarnos callados frente a este tipo de injusticia”.

Por lo pronto, el abogado indicó que lo que solicita, en primer lugar, es que “se resarzan los derechos de nuestra población, de nuestros adultos mayores, niños y mujeres que están siendo en este momento esclavizados (…) y en un segundo momento que se les reconozca todas sus prestaciones de ley porque ellos están cumpliendo con los elementos esenciales del trabajo (…) que se reconozca todo lo de ley, es decir, sus primas, sus cesantías, sus vacaciones porque ellos están cumpliendo con una naturaleza jurídica que dice el Código Sustantivo de Trabajo”.

Conforme con lo último, explicó que los vendedores tienen una relación directa con los empleadores al tener un horario laboral, recibir remuneración e incluso tener una “dotación”, es decir, su ropa, que “vende una publicidad”. “La ley establece que hay actividades y esta es una actividad de alto riesgo, por ende las empresas deben tener un sistema integrado de seguridad y salud en el trabajo y ninguno de ellos han sido capacitados”, sostuvo.

La queja enfatiza la desproporción entre el esfuerzo del vendedor y el beneficio de la multinacional. De acuerdo con las investigaciones presentadas en la denuncia, en la capital del país se venden diariamente en los semáforos productos Vive 100 por un valor superior a los 500 millones de pesos. Sin embargo, al vendedor ambulante apenas le quedan “300, 500 pesos por cada producto y eso lo que le está es desmejorando su calidad de vida cuando deberían tener una remuneración justa por el trabajo que ellos hacen”. Benavides ha sido categórico al afirmar que estas multinacionales han “amasado grandes fortunas de dinero con el dolor y el sufrimiento de nuestros viejos, nuestros niños y nuestras mujeres”.

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Ante esta situación, la denuncia requiere al Ministerio de Trabajo varias acciones cruciales:

• Abrir una investigación administrativa a las compañías involucradas.
• Resarcir los derechos de la población afectada.
• Reconocer todas las prestaciones de ley a los vendedores, como sus primas, cesantías y vacaciones.
• Ordenar, si se comprueban las irregularidades, la formalización laboral, el pago de salarios y prestaciones, así como la afiliación al sistema de seguridad social.
• Exigir a las empresas toda la documentación que pruebe los controles, las rutas y los mecanismos de supervisión sobre los vendedores.

El abogado recalcó que no se debe tolerar que la empresa evite el reconocimiento laboral bajo la excusa de que se trata de un “emprendimiento que cada uno de ellos tienen porque sabemos que existe un tercero, una tercerización, que les entrega los productos para que ellos salgan a vender y muchas veces hasta les exigen cumplir con una cantidad de recursos diarios y cuando no cumplen con estos recursos o los amenazan o los botan a la calle y los dejan sin trabajo”.

El líder social ha puntualizado que “esta denuncia es un primer paso, pero la transformación real empieza cuando Colombia deje de llamar oportunidad a lo que es explotación. A las multinacionales les digo, se acabó la impunidad. Al país entero, no más esclavitud disfrazada de empleo. La dignidad no se negocia”. Benavides ha hecho un llamado para que el tiempo no transcurra sin que se haga justicia y espera que el Ministerio se pronuncie dentro de los próximos 15 días hábiles, asumiendo la acción como una petición.