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La alerta la lanzó la Superintendencia de Sociedades, que informó sobre una medida en contra del negocio dedicado a captar dinero.
La Superintendencia de Sociedades informó que, a través de la Resolución 900-300965 del 26 de noviembre de 2024, ordenó la intervención de “suspensión de actividades de captación no autorizada de dineros del público”, a la sociedad Lazza Capital S.A.S. y a su representante legal Yovany Escobar Quintero, con domicilio en Medellín.
“El valor de la captación de dinero asciende a $817.255.194, afectando a más de 109 personas a través de la suscripción de contratos de alianza o de inversión”, explicó la Superintendencia de Sociedades este miércoles.
El ente regulador, además, explicó que dicha captación estaba determinada en pesos colombianos. Y se evidenció que dicha sociedad, de igual forma, celebró los contratos con aportes de activos virtuales o también denominados “criptoactivos”, “con el objeto de realizar inversiones en instrumentos financieros y recibir un determinado rendimiento y la devolución del capital”.
(Vea también: Empresa en que cientos invirtieron dinero se metió en problema serio; ¿se perdió la plata?)
En su decisión, la entidad entregó detalles de cómo fue la investigación que evidenció las actividades ilícitas de dicha sociedad. “En la investigación administrativa se analizaron 610 contratos suscritos por Lazza Capital, de los cuales en 127 contratos el monto del aporte se realizó por el inversionista en pesos colombianos, los otros contratos tienen pactadas inversiones en pesos mexicanos, dólares (USD) y activos virtuales, denominados en los contratos ‘criptomonedas’ (USDT)”.
Así mismo, en la contabilidad presentada por esa misma empresa se evidenció que no refleja de manera razonable la situación real del negocio, por cuanto “no se reconocieron los inventarios de activos virtuales (criptoactivos) que debería poseer, dado su modelo de negocio”.
Con base en lo anterior, la Supersociedades iniciará el proceso judicial respectivo para procurar la devolución de los dineros a los afectados.
Esta compañía prometía ser el aliado “de confianza” en inversiones. Sus servicios también los basaba en inteligencia artificial y tecnología que se ajustaba a las necesidades de cada ciudadano.
Además, a través de su sitio web promovía valores como la transparencia, la innovación y la excelencia a la ahora de mover los dineros y garantizar rentabilidad de dichas inversiones.
“Democratizar las inversiones Queremos que las mejores oportunidades de inversión estén al alcance de todos. Desarrollamos soluciones personalizadas para impulsar tu libertad financiera. Estamos contigo en cada paso”, reza el negocio en su sitio web que aún está al aire en Colombia.
De acuerdo con la Superintendencia Financiera, esta práctica consiste en recibir de manera masiva el dinero del público sin contar con la autorización del Estado y sin entregar a cambio un bien o servicio. “Desarrollar una actividad de captación ilegal de recursos también constituye un delito con consecuencias privativas de la libertad”, advierte la entidad.
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