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El Gobierno Nacional ya tendría lista la cifra para decretar el incremento del salario mínimo, si empresarios y sindicatos no llegan a un acuerdo.
Las negociaciones para definir el aumento del salario mínimo se han tornado más complejas de lo esperado. Aunque se cumplieron casi tres semanas de conversaciones, los empresarios, las centrales obreras y el Gobierno no han llegado a un acuerdo en cuanto al porcentaje de incremento para 2025.
(Lea también: Se cayó propuesta de 5,2 % para aumento de salario mínimo; empresarios anunciaron decisión)
El plazo para que los empresarios y los sindicatos acordaran de cuánto será el aumento se acabó a principios de semana. Aunque se convocarán sesiones extraordinarias, es posible que el Gobierno deba anunciar el incremento vía decreto.
A propósito, este jueves 19 de noviembre, el medio económico Primera Página aseguró que la administración de Gustavo Petro decretaría un incremento del 9 %.
Con este aumento, el nuevo salario quedaría en $ 1’417.000 más el auxilio de transporte, que de aumentar en la misma proporción, sería de $ 176.580 para un total de $ 1’593.580.
Así, los trabajadores gozarían de un aumento equivalente a $ 117.000 en su salario mínimo mensual.
Hay que recordar que las centrales obreras apuestan por un 12 %. Buscan que el salario mínimo sea de $ 1’456.000, es decir, que tenga un incremento de $ 156.000.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda había señalado de manera extraoficial que el punto de partida debía ser cercano al 6,2 %, teniendo en cuenta los datos de inflación y productividad. Ese porcentaje dejaría el salario mínimo en $ 1’380.600.
La semana pasada, el presidente afirmó que, por el estancamiento de su reforma laboral en el Congreso, el aumento del salario mínimo debe compensar a los trabajadores. Al parecer, pujará por un incremento importante.
“La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo”, expresó en un trino.
Si las partes que integran la mesa de negociación no llegan a un acuerdo (como ocurrió el año pasado), la decisión quedará en manos del Gobierno Nacional, que emitiría el a más tardar el 30 de diciembre, día en el que vence el plazo.
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