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Esa es una de las preguntas que surgen, luego de que se conociera la decisión del presidente Iván Duque de regularizar a casi un millón de venezolanos.
Con el estatuto de protección temporal, los migrantes de Venezuela tendrán permiso para trabajar, por lo que podrán exigir contratos laborales con todos los requisitos legales.
Eso podría afectar de cierta manera a las aplicaciones de domicilios que cuentan con repartidores venezolanos sin un contrato laboral ordinario, lo que ha llevado a varias protestas por parte de los trabajadores.
Y es que de los 3.000 domiciliarios que tiene Domicilios.com, por ejemplo, el 40 % son venezolanos, dijo Felipe Ossa, director ejecutivo de la aplicación, en La República.
Asimismo, hasta el 2019, 57 % de los repartidores de Rappi eran migrantes de Venezuela, de acuerdo con una medición hecha por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
Pese a que no se conoce cuánto de esos venezolanos en Colombia estaban de manera irregular, sí es claro que gran parte de ellos se quejaron por las condiciones laborales.
Aunque Ossa aseguró en el diario económico que el 40 % de los domiciliarios pueden llegar a ganar más del mínimo —algunos incluso pueden hacerse hasta 3,5 millones, dijo— varios domiciliarios de esa aplicación también han participado en manifestaciones y hacen parte del primer sindicato para empleados de plataformas, creada por ‘rappitenderos’.
Ahora, con el estatuto de protección que les garantiza varios derechos a los migrantes de Venezuela (pero no podrán votar) surge la duda si las aplicaciones deben garantizar prestaciones sociales a los extranjeros (y colombianos) que trabajen con las compañías.
La decisión del Gobierno, explicó el presidente Iván Duque como se escucha en el siguiente video, les brindará varios beneficios a los venezolanos en Colombia, pero también permitirá una mejor identificación en caso de que violen la ley.
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