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El juez promiscuo municipal de Puerto Colombia (Atlántico), Alberto Mario Ospino Soto, envió el caso a un Juez Civil del Distrito de Barranquilla.
Ospino Soto había tomado la decisión, un día antes, de suspender la caducidad que declaró el MinTIC sobre el contrato con la Unión Temporal Centro Poblados para dotar de internet a las escuelas de regiones apartadas del país.
Ahora, por ese contrato, hay 70.000 millones de pesos embolatados que el Estado busca recuperar. Centro Poblados interpuso una tutela por considerar que esa decisión del MinTIC le violó el debido proceso. Y el juez promiscuo municipal de Puerto Colombia (Atlántico) la aceptó en primera instancia.
Eso desató la ira de la minTIC, Karen Abudinen, que calificó como “la tapa del descaro” la decisión del juez, y reiteró que la caducidad está en firme. “No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado”, escribió, y calificó de “vándalos” a Centros Poblados.
Este miércoles, el juez Ospino Soto aclaró su decisión para evitar una nulidad posterior. Por eso, determinó que no procede, que rechaza la tutela y la envía al Juez Civil del Distrito de Barranquilla, para que sea este funcionario judicial el que determine qué es lo que se debe hacer.
Así que la caducidad que había declarado el MinTIC para el contrato con Centro Poblados sigue vigente.
Desde Corea del Sur, en donde adelanta una visita de Estado, el presidente Iván Duque había cuestionado la decisión de este juez.
(Le interesa: “Es una vaina absurda; minTIC mintió al país”: Katherine Miranda, y su abecé del escándalo)
“Uno tiene que entender los fallos, pero uno no se puede quedar callado con las fallas”, dijo el mandatario a los periodistas que lo acompañan. “A mí sí me parece muy curioso, muy paradójico, que digan que no se cumplió el debido proceso, cuando está más que demostraron que se presentaron pólizas, perdón que lo diga coloquialmente, chimbas, falsas, para tratar de ganarse un contrato y eludir todas las normas contractuales del país”.
“Eso que es evidente, protuberante, que ha sido demostrado, no entiendo por qué a los ojos de un juez no cumple con el debido proceso. Claramente, yo creo que esta situación amerita por lo menos un análisis de la Comisión de Disciplina Judicial para entender qué puede haber detrás de una decisión de esa naturaleza”, concluyó el mandatario.
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