El proceso que omiten empresas y que les puede salir carísimo; mejor prevenir que lamentar

En Colombia, la auditoría interna ha ganado protagonismo como un mecanismo fundamental para garantizar el control, la transparencia y el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones. Desde el 9 de enero de 2025, comenzaron a regir las nuevas Normas Globales de Auditoría Interna, emitidas por el Institute of Internal Auditors (IIA) y adoptadas por el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), las cuales buscan alinear las prácticas nacionales con los estándares internacionales.

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Estas normas incorporan principios actualizados en ética, gobernanza, desempeño y tecnología, lo que representa un reto y una oportunidad para las empresas en el país. En este contexto, las auditorías internas no solo permiten cumplir con la ley, sino que también ayudan a detectar errores a tiempo y evitar consecuencias económicas o reputacionales graves.

De acuerdo con cifras del INCP, el 34 % de los líderes de auditoría interna en Colombia reportaron un aumento en sus presupuestos durante 2024, mientras que solo el 11 % tuvo una reducción. Además, se evidenció un crecimiento en las responsabilidades de estos profesionales: el 47 % lidera la supervisión del fraude, el 36 % se encarga del cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y el 33 % está al frente de iniciativas sobre ética empresarial y canales de denuncia.

Tatiana Cruz, gerente de Auditoría en Ventus Consultores, explicó que una auditoría efectiva puede ayudar a detectar debilidades en procesos, controles y sistemas internos, lo cual permite mitigar riesgos antes de que se conviertan en problemas mayores. También facilita el cumplimiento de normativas y protege la reputación corporativa al prevenir irregularidades.

Pero cuando las empresas descuidan estas prácticas, se exponen a fallas que podrían afectar directamente su operación y sostenibilidad.

“No contar con procedimientos de auditoría alineados a las normas vigentes puede aumentar los riesgos operativos y financieros, además de generar sanciones por parte de entidades como la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera”, advirtió Cruz.

En los casos más graves, los representantes legales pueden quedar inhabilitados para ejercer cargos directivos, y las compañías podrían ser excluidas de contratos estatales o licitaciones públicas.

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En un entorno empresarial que cambia rápidamente por la evolución tecnológica y regulatoria, implementar auditorías internas dejó de ser una opción: es una estrategia clave para mantener la competitividad, proteger los recursos y asegurar el cumplimiento legal en Colombia.