Alerta por déficit de $8,9 billones en subsidios de energía y gas: riesgo de alzas para hogares vulnerables

Las agremiaciones del sector eléctrico y de gas combustible en Colombia han alertado recientemente al Gobierno Nacional sobre un déficit cercano a $8,9 billones en los subsidios necesarios para los años 2025 y 2026. Esta suma es esencial para mantener tarifas preferenciales de energía y gas a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, quienes dependen de esta ayuda estatal para acceder a servicios básicos. El desbalance señalado por los gremios refleja un desafío fiscal importante, pues la falta de recursos pone en tela de juicio la sostenibilidad de la política social de subsidios energéticos y amenaza con elevar el costo de vida para millones de hogares vulnerables del país, de acuerdo con la fuente principal.

Al analizar en detalle el déficit proyectado hasta finales de 2025, se encuentra que el faltante corresponde a $2,7 billones en subsidios para la energía eléctrica, $900.000 millones para el gas natural y $55.400 millones vinculados al Gas Licuado de Petróleo (GLP), sumando un total de $3,66 billones. Cabe destacar que, hasta agosto de 2025, las empresas prestadoras ya han financiado de su propio bolsillo aproximadamente $3 billones en subsidios que el Estado aún no ha reembolsado. Para el año 2026, la brecha crece: las necesidades presupuestales ascienden a $5,29 billones, llevando el faltante a $8,9 billones en sólo dos años, según el reporte de los gremios.

Si bien el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2026 reserva $7,5 billones, la asignación resulta insuficiente ante las cifras calculadas por el sector. Además, persiste la preocupación sobre cuánto de este dinero realmente se canalizará a los subsidios y cuánto se dirigirá a programas del Fondo de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), lo que podría aumentar el desfase presupuestal hasta en $2,9 billones.

Esta situación no solo expone dificultades financieras coyunturales, sino que evidencia un problema estructural en el sistema de subsidios energéticos de Colombia. Voces autorizadas, como el economista Gustavo Pardo citado por El Espectador en 2025, advierten que el actual modelo enfrenta “desafíos de focalización y sostenibilidad financiera” urgentes de atender. Destacan además la vulnerabilidad del esquema frente a la falta de liquidez estatal y el delicado equilibrio entre tarifas, subsidios y costos reales de producción.

A esto se suma el reciente informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que resalta cómo la focalización de subsidios según los estratos sociales no siempre garantiza eficiencia ni equidad, debido a deficiencias en la categorización y el control fiscal. Este diagnóstico incrementa la presión sobre el Gobierno y las autoridades regulatorias para que se implementen reformas y mejoren los mecanismos de asignación.

Las asociaciones gremiales han planteado propuestas urgentes: pago inmediato de subsidios atrasados, acceso a crédito público y emisión de bonos, ajustes en la política tributaria y exención de anticipos fiscales que afectan la liquidez de las empresas. Medidas como estas buscan equilibrar la responsabilidad estatal con el funcionamiento operativo de las compañías del sector, a fin de preservar la estabilidad de tarifas y la protección social.

El Banco Mundial, en un análisis de 2023 citado en la información, sustenta que la problemática no es exclusiva de Colombia; varios países emergentes experimentan tensiones similares y han buscado soluciones mediante enfoques progresivos, diversificación de fuentes y una gradual transición hacia tarifas que reflejen los costos reales sin dejar de proteger a los hogares vulnerables.

Por ello, los gremios han propuesto instalar mesas de trabajo con el Gobierno para buscar soluciones integrales alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo, priorizando la información oficial, el análisis técnico independiente y el compromiso con la equidad social. De no lograrse un ajuste profundo y un diálogo multisectorial efectivo, la persistencia de la crisis financiera en subsidios podría traducirse en presiones tarifarias o una reducción en la cobertura de estos servicios esenciales, con impactos directos sobre la equidad y el bienestar de la población más vulnerable.

¿Por qué la categorización de estratos sociales influye en la asignación de subsidios de energía y gas en Colombia? - La asignación de subsidios en Colombia depende de los estratos sociales, una clasificación socioeconómica diseñada para identificar a los hogares más necesitados. Sin embargo, el informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) explica que la categorización deficiente puede llevar a que los recursos sean entregados a familias que no los requieren, restando recursos a quienes realmente los necesitan. Por ello, mejorar la metodología de estratificación es relevante para aumentar la eficiencia y la equidad en la distribución de los subsidios.

La pregunta surge porque, según los análisis citados, una mala focalización de los subsidios puede afectar la equidad social y la sostenibilidad del sistema fiscal. Una adecuada revisión metodológica permitiría evitar distorsiones y asegurar que los apoyos lleguen a quienes verdaderamente enfrentan vulnerabilidad, optimizando el impacto de la política social en el sector energético.

¿Qué es el Fondo de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y cómo se relaciona con el déficit de subsidios? - El Fondo de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) es un mecanismo contemplado dentro del Presupuesto General de la Nación para promover el uso de energías renovables en Colombia. Según el artículo, una parte significativa de los recursos asignados al sector energético podría ser dirigida a este fondo, lo que reduciría la cantidad de dinero disponible para cubrir los subsidios directos a los usuarios de bajos estratos.

La importancia de esta pregunta radica en que la distribución de los recursos entre el FNCER y los subsidios tradicionales afecta directamente la capacidad del Estado para mantener tarifas asequibles y la sostenibilidad financiera del sistema. Por eso, los gremios y expertos solicitan transparencia y precisión en el destino de los recursos presupuestados, evitando que la transición energética comprometa la protección social de los hogares vulnerables.