Decenas de barberías y peluquerías podrían ser cerradas por desconocimiento; vea de qué se trata

Estos centros de belleza, que están en auge en el país, deben cumplir ciertas normas para que puedan seguir operando sin ninguna restricción.

El auge de las barberías y peluquerías en los barrios del país ha convertido estos espacios en un fenómeno cultural y laboral: lo que antes era solo un oficio tradicional, hoy es una tendencia que atrae a jóvenes emprendedores y se ha consolidado como un trabajo de moda, pero este crecimiento viene acompañado de responsabilidades legales que no se pueden ignorar.

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Las autoridades de salud tienen la facultad de imponer sanciones a peluquerías, barberías y centros de estética que incumplan las normas, y estas medidas pueden ser tan variadas como estrictas, según la Ley 711 de 2001. En casos leves, un centro puede recibir una amonestación privada, un llamado de atención que no se hace público, mientras que las faltas más visibles pueden generar una amonestación pública, donde la advertencia se comunica abiertamente.

Si la gravedad del incumplimiento aumenta, los establecimientos pueden enfrentar multas de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, la suspensión de su personería jurídica, lo que implica perder la representación legal del negocio, o incluso un cierre temporal, que impide prestar servicios por un periodo determinado.

En los casos más extremos, cuando hay reincidencias o faltas graves, se puede llegar al cierre definitivo o a la cancelación de permisos, dejando al centro sin posibilidad de operar hasta que cumpla los requisitos exigidos.

Estas sanciones se aplican principalmente cuando se violan normas sobre higiene, formación del personal, uso de productos no autorizados o procedimientos reservados para profesionales médicos.

Entre los servicios permitidos para quienes cumplen la ley se encuentran el corte de cabello, tratamientos capilares, rasurado, manicura, pedicura, arreglo de barba y bigote, tintura de cabello y maquillaje facial no invasivo.

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Tener claro este marco legal permite a los trabajadores prestar un servicio seguro, profesional y respetuoso, y también brinda herramientas para defender sus derechos ante inspecciones o sanciones injustas. Además, un centro bien reglamentado genera confianza en los clientes y mejora la reputación del negocio, contribuyendo a su sostenibilidad y éxito en el mercado.