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Julián Forero, concejal de Bogotá, advirtió por malos procedimientos de organismos de tránsito en Bogotá que no tienen en cuenta los nuevos lineamientos.
En la capital colombiana, Bogotá, se ha desatado una creciente polémica por presuntos actos de abuso de autoridad con relación a la inmovilización de motocicletas por parte de agentes de tránsito.
(Vea también: Multa impagable de más de 200 millones por práctica común de conductores en Colombia)
De acuerdo con el concejal Julián Forero, algunos agentes de tránsito no estarían respetando la Ley 2435 de 2024, que establece cambios en algunas infracciones que anteriormente provocaban la inmovilización, pero que con la nueva normativa solo aplica la multa.
Luego de varios debates, el Congreso reformó las sanciones correspondientes a diversas infracciones particulares, donde figura la eliminación de la inmovilización de motos como medida sancionatoria.
Estos cambios, beneficiaron a conductores de motos que tenían una carga diferencial en este sentido. De acuerdo con la norma, estas son las infracciones, que antes aplicaban para llevar un vehículo a patios, en las que solo aplica orden de comparendo.
Forero denunció que, a pesar de estas regulaciones, agentes de tránsito han estado actuando con arbitrariedad e ilegalidad. Una investigación del cabildante, compartida en la página del Concejo de Bogotá, indica en 2025 “se han inmovilizado siete (7) vehículos por las infracciones D03, D04 y D07“.
“Se están inventando causales de inmovilización sin soporte legal”, declaró Forero en una sesión del Concejo de Bogotá. Esta actuación representaría un abuso de autoridad y posibles delitos. La mayoría de los conductores podrían pagar los gastos del traslado y el patio sin saber que la inmovilización contraviene la ley.
En la misma línea, Forero señaló la existencia de un lucrativo negocio en torno a la inmovilización de vehículos, señalando a la empresa G&P, que se encarga del servicio de grúas y patios en Bogotá, recibiendo hasta un 83% del total recaudado por estos traslados.
El concejal advirtió que esta situación incita a un “incentivo perverso” para impulsar estas inmovilizaciones ilegales. Forero ha propuesto también un proyecto para regular esta actividad y evitar así más abusos, aunque hasta ahora no ha logrado ser aprobado.
Mientras tanto, desde la Secretaría Distrital de Movilidad se insta a los ciudadanos a conocer sus derechos y reportar cualquier abuso a las autoridades correspondientes. Se recuerda también que, en caso de inmovilización legal, el proceso incluye una serie de pasos y costos que deben ser cubiertos por el propietario del vehículo.
Estas denuncias se enmarcan en un ambiente de incertidumbre y desconfianza con la Secretaría de Movilidad, que ha estado en el ojo del huracán debido a ciertas anomalías y fraudes en relación a autorizaciones de pico y placa, bloqueos arbitrarios y hasta suplantación de identidad.
Este clima de sospecha general evidencia la necesidad de que los conductores estén informados sobre sus derechos y que sean capaces de reconocer un abuso de poder cuándo acontece.
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