procuraduría general de la nación

La exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro no cumplirá en un establecimiento carcelario ni en prisión domiciliaria la condena de tres años dictada.

Tras el fracaso contractual en 2024, las autoridades refuerzan la supervisión para evitar nuevos retrasos.

La medida coincidió con la implementación de refuerzos especiales para proteger a magistrados del alto tribunal.

El exgobernador de La Guajira fue trasladado a la cárcel Picaleña luego de que revisaran su celda y encontraran un celular, en medio de una investigación.

El presidente dijo que en el procedimiento hallaron un celular y advirtió que el exgobernador de La Guajira podría ser trasladado de cárcel.

Las pesquisas cuentan con respaldo de la Fiscalía y se intensificaron tras alertas emitidas en septiembre.

El reforzamiento de la seguridad fue solicitado tras una serie de incidentes en la sede de la Procuraduría.

El relevo en la cartera educativa se produce a pocos días de iniciarse el segundo semestre escolar.

El hallazgo en una oficina se sumó a amenazas que preocuparon a magistrados de la Corte Suprema por la condena de 31 años contra el exgobernador de La Guajira.

La Fiscalía y la Dijín investigan el misterioso impacto de bala en el piso 26 de la Procuraduría, descartando la versión inicial de un fusil.

Las autoridades ya adelantan las pesquisas para establecer el origen del elemento y las circunstancias en las que llegó hasta el despacho del piso 26.

La medida fue tomada tras advertencias del procurador Marcio Melgosa y la interventora Nelly Belén Arsuza.

Avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido en las oficinas del Ministerio Público en el centro de Bogotá. Nadie resultó herido en los hechos.

La Fiscalía empezó la investigación por el orificio que apareció en una oficina del piso 26, que sería de un disparo propinado desde los cerros orientales.

Según Melquisedec Torres, en una oficina del piso 26 del edificio ubicado en Bogotá encontraron una bala que sería de un fusil disparado desde los cerros.

Ambas candidatas aportan trayectorias de más de dos décadas en órganos clave del sistema judicial colombiano.

El patrimonio de Air-e pasó de cifras positivas a negativas tras la administración estatal en 2025.

En recientes visitas, organismos de control verificaron el manejo de esta crisis sanitaria en Cartagena.

El desembolso fue parte de dos convenios investigados actualmente por entes de control estatal.

El Ministerio Público exige claridad y acciones concretas frente al destino de los millonarios recursos involucrados.

El 27 de julio fue radicada la inquietud ante organismos de control tras la crisis en la Ungrd.

La inusual inspección a la Registraduría en marzo de 2024 y los recortes al presupuesto agravaron tensiones.

El proceso judicial involucra a altos funcionarios y ha generado debates sobre la responsabilidad estatal en la prestación de servicios de salud.

La diligencia judicial pondrá bajo escrutinio la actuación de cinco exfuncionarios del sector salud.

Las recientes declaraciones del procurador general, Gregorio Eljach, sobre los temores de que las elecciones no se realizaran desataron una fuerte controversia.

El expediente, entregado a tres entidades de control, abarca hechos ocurridos entre 2022 y 2023.

La escalada de ataques armados coincide con el inicio de un nuevo gobierno y agrava la crisis de seguridad.

El relevo en la Sala coincide con el proceso anual de rotación iniciado el 18 de julio en el alto tribunal.

Las observaciones del DNP y la Procuraduría impactan el análisis de 49 iniciativas sometidas en tres convocatorias recientes.

El monto congelado en nómina y anticipos asciende a 9.082 millones de pesos ligados a un solo contrato.

La agenda prevista contempla decisiones sobre 900.000 millones de pesos en nuevas iniciativas científicas.

El proceso disciplinario, que abarca posibles actos de corrupción y omisión, avanzará en etapa de juzgamiento.

El retraso de la obra elevó la preocupación por el manejo de regalías en proyectos clave del municipio.

Las pesquisas involucran procesos contractuales ocurridos entre 2020 y 2023 en la administración local.

El proceso incluye sumas multimillonarias, varios familiares implicados y fechas contractuales controversiales.

La calificación de la muerte como violación a derechos humanos podría alargar el juicio disciplinario.

Entre el 22 de junio y el 21 de julio se firmaron casi 14.000 contratos por más de $4 billones.

La continuidad en la expedición de pasaportes beneficia a miles de ciudadanos durante 2024.

El recambio en la Sala se produce tras ocho años desde la creación de la jurisdicción especial.