Por esa razón, el Ministerio Público le solicitó a la Inspección General de la institución el traslado inmediato de los avances en el proceso, ejerciendo el poder preferente.

La Procuraduría ordenará la práctica de varias pruebas, entre ellas una relación del trámite que tuvieron las solicitudes de la patrullera que denunció el acoso.

También se llamará a declarar a algunos oficiales y testigos mencionados en escritos radicados ante la propia Policía, y se va a “mirar detenidamente todas las pruebas que aparecen en la evidencia que ya conoce la opinión pública”, expresó el procurador Fernando Carrillo a medios.

El artículo continúa abajo

La Procuraduría hará uso del poder preferente que significa llevar el expediente a la entidad y que “independientemente de la acción disciplinaria interna que se podría surtir dentro de la Policía Nacional, hoy se surte otra al interior de la Procuraduría”, agregó Carrillo.