El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Según la Defensoría del Pueblo, los insurgentes tendrían un centro de reclutamiento en Toribío. En ese municipio ocurrió el más reciente ataque que llevó a la suspensión regional del cese al fuego.
El intento de reclutamiento de un menor de edad por parte de la disidencia de las antiguas Farc, conocida como Estado Mayor Central, que derivó en una ataque contra una comunidad indígena y la muerte de una mayora, puso de nuevo en el debate la voluntad de paz de ese grupo armado, así como las acciones que han hecho contra la comunidad indígena y contra el Cauca en medio del cese al fuego.
El ataque, que ocurrió en la vereda La Bodega, en Toribío, llevó al presidente Gustavo Petro a suspender el alto al fuego en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, las tres regiones donde la disidencia que comanda ‘Iván Mordisco’ ha tenido una mayor cantidad de posibles violaciones del cese. El hecho violento es, además, la muestra de lo que ha venido creciendo y denunciándose en el suroccidente del país, por lo menos en los dos últimos años.
(Lea también: Petro suspendió cese al fuego con disidencias de las Farc por muerte de líder indígena)
De esas regiones, quizás en Cauca, es donde más se ha concentrado ataques a la comunidad, la mayoría de ellas reclutamiento forzado, desplazamientos, confinamientos, imposición de horarios de movilidad, así como obligan a los campesinos a trabajar para ellos.
Cifras de la Fiscalía, presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una reciente audiencia sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas en el conflicto armado, evidencia que la mitad de los casos que se registraron en Colombia el año pasado fueron en el Cauca, mientras que en lo que va corrido de este año van 38 noticias criminales relacionadas con el tema.
La situación ha venido en aumento. La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha advertido que el reclutamiento de menores ha crecido a la par que las víctimas de minas antipersonales, mientras que Joe Sauca, consejero mayor del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) advierte que “no se ha respetado a la población”. Sauca explicó que la disidencia usa una mala interpretación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) al decir que este “permite” el reclutamiento de mayores de 15 años.
“Es mentira en todo el sentido. Tenemos registro de que ha reclutado a jóvenes de 13 años”, dice.
Informe evidencia que guerrillas reclutarían menores por medio de TikTok
El más reciente informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia, adelantado por el relator especial sobre derechos de pueblos étnicos, José Francisco Cali Tzay, presentando hace unos días, muestra casos más desalentadores como el reclutamiento de niños desde los seis años.
“Hay una situación en la cual se puede ver que hay niños, inclusive de 6, 7, 8 años, que están siendo reclutados. Es una situación que es preocupante, esencialmente por la cuestión de la violación al derecho internacional humanitario”, indicó Cali Tzay, quien llamó la atención en que los actores armados también estarían reclutando a menores de edad que luego retornan a las comunidades como informantes.
Según Sauca, los grupos armados utilizan las redes sociales, sobre todo TikTok, para engañar a los jóvenes con falsas oportunidades de empleo para administrar fincas y llevárselos reclutados. También va en aumento la instrumentalización de menores de edad para atraer a los jóvenes. De acuerdo con el consejero, les crean cuentas en redes donde las muestran con armas y con dinero.
Algo similar señala Ricardo Arias, defensor del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, quien añade que siguen atrayendo a los jóvenes con kits escolares o auxilios de transporte. “Les ofrecen cosas que no han visto antes, a los más jóvenes les comienzan a pasar un salario básico que, por los caminos de la legalidad no se les presenta la oportunidad de recibir, mientras que a otros los convencen con la administración de justicia, entonces el joven se acerca al grupo porque le robaron una motocicleta. El grupo le recupera la motocicleta e inmediatamente se gana la confianza del joven y hay mayor empatía”.
Sumado a esto, tanto las comunidades indígenas con la Defensoría del Pueblo han alertado la presencia de un centro de reclutamiento en Toribío que, según Arias, se ha convertido en una escuela de entrenamiento al que llegan niños y jóvenes de diferentes lugares del país, que a la par son enviados a diferentes zonas. “Lo hemos advertido muchas veces, pero la política en prevención está estática. El aumento de niños reclutados es evidente, pero el subregistro es enorme, porque primero pasan como desapariciones forzadas y luego las familias temen denunciar el reclutamiento por estigmatización o amenazas. Ahí uno encuentra evidencias es a través de los maestros o las juntas de acciones comunales que cuentan los casos con confidencialidad”, explica.
Ver esta publicación en Instagram
LO ÚLTIMO
.svg)
