La Personería visitó este lunes el colegio Salesiano San Juan Bosco, ubicado en el barrio Belén (Medellín), luego de conocerse a través de redes sociales varios testimonios que señalan a las directivas de la institución de cometer racismo y discriminación contra sus alumnas en razón de su orientación.

Los testimonios de alumnas con identidad protegida aseguran que el colegio ha cometido persecución contra las estudiantes que se declaran abiertamente de la comunidad LGBTI, las censuran simplemente por estar juntas o tener una demostración de cariño y les han pedido que asistan a las llamadas “terapias de conversión” intimidándolas con calificativos como “desviadas”.

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También hay denuncias por discriminación racial. A las alumnas afro les exigen, según los testimonios, que no deben llevar su cabello de manera natural y les dicen cómo deben peinarlo, según el relato, porque las directivas consideran que el cabello afro, con sus rizos y trenzas, “no se ve bien con el uniforme”.

Los testimonios los compartió el pasado domingo el politólgo y activista Jonier Quiceno Ceballos. Tras la publicación de estos videos, decenas de comentarios de personas que dijeron ser exalumnas señalaron que estos actos de discriminación serían sistemáticos.

“Estudié en el San Juan Bosco muchos años, el proceso de crecer y descubrir mis gustos, mi sexualidad y mi personalidad mientras estudiaba allá era cada vez peor. Fui víctima de acoso y discriminación de parte de las directivas por mucho tiempo”, fue uno de los comentarios. Otras manifestaron irregularidades en el manejo y acompañamiento en la salud mental de los estudiantes. “Voy a decir otra cosa, y es que también maltratan emocional y psicológicamente a los estudiantes, a mi me ha pasado, sufro de ansiedad y lo único que hacen es decirme que tengo que rezar, si leyera la biblia no me pasaría eso, o que es mi culpa por ser como soy (sic)”.

 

Tras la visita, el personero William Yeffer Vivas señaló que el colegio deberá someterse a una “intervención con el Observatorio de Mujeres Diversidades Sexuales y de Género, el Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados; de igual manera, se realizará una vigilancia preventiva”. “Medellín debe convertirse en la ciudad de la diversidad, la inclusión y la vigencia de derecho”, reiteró el funcionario.

Tras hacerse públicas las denuncias, el colegio compartió un comunicado en el que califica las denuncias como una “campaña mediática de desprestigio” que, según las directivas de la institución, la lideran “activistas de diferentes grupos, en contra de las instituciones educativas principalmente las de carácter privado y confesional” y califica nuevamente los testimonios como “blasfemias, injurias y calumnias”.

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Según la institución, “no es un secreto que desde hace varios años hemos tenido algunas niñas que han expresado su libre elección sexual, sin que nunca se les haya negado el derecho a la educación, ni dado un trato diferencial; por el contrario, hemos actuado con ellas y sus familias desde la comprensión y el apoyo brindándoles el acompañamiento permanente, a fin de garantizar no solo por parte de las directivas y docentes cada uno de sus derechos; sino por parte de todos los miembros de la comunidad educativa”.

La directiva del colegio aseguró que indagó con las autoridades si existen denuncias formales por las situaciones que señalan los testimonios y que no encontró evidencia de tales denuncias ni pruebas. También advirtieron que ante el rumor de un plantón que presuntamente se está planeando al frente de la institución, solicitaron la presencia de las autoridades.

En redes sociales, algunas personas difundieron mensajes racistas y homofóbicos contra las estudiantes que denunciaron y opinaron que por ser un colegio privado, católico y regido por un manual de convivencia tiene derecho a tomar las decisiones que crea convenientes contra situaciones o comportamientos que no respondan, supuestamente, al carácter confesional y católico del colegio.

Lo cierto es que ningún manual de convivencia está por encima de la Constitución y la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa al respecto.

La organización Colombia Diversa recordó que “cuando llegan estudiantes LGBTIQ+ o cuando se identifican como tal siendo integrantes del colegio, las instituciones están en la obligación de adaptarse y generar espacios seguros. La Corte ya lo ha dicho en T-562 de 2013, T-478 de 2015, T-443 de 2020”.

“La autonomía escolar no es para montar reinos donde ni la Constitución, ni la Ley, ni los estándares educativos no apliquen; es para prestar el mejor servicio de educación posible, y el Estado deberá controlar que así sea”, recordó la organización.

Las Secretarías de Educación tienen la responsabilidad en estos casos de investigar, pero también visitar y vigilar preventivamente. No obstante, la Secretaría de Educación de Medellín no se ha pronunciado públicamente al respecto. La que sí se manifestó fue la gerente de Diversidades Sexuales e Identidades de Género de la Alcaldía, Patricia Llano, quien anunció una visita este miércoles al colegio.