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En el despacho del magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, reposa una tutela interpuesta por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso con la que busca su libertad.
Actualmente, Mancuso espera volver al país para poder mostrar la chapa de gestor de paz que le dio el Gobierno nacional el pasado 14 de agosto.
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Si bien la resolución 244 de 2023 –con la que el presidente Petro lo designó– abre la puerta para que el mandatario pueda “solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento o de la pena”, en la Corte Constitucional se estudiará la tutela con la que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia espera recobrar su libertad y no solo depender del margen de acción de su rol como gestor.
Por eso, en el orden del día del alto tribunal está pendiente su análisis, pues el exparamilitar , quien ya dio sus primeras declaraciones como gestor de paz, quiere revocar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que había respaldado su detención.
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Hasta el momento, la ponencia del magistrado Reyes no ha podido ser estudiada, pues las magistradas Paola Meneses y Cristina Pardo presentaron impedimentos el mes pasado. Desde entonces, la Sala Plena ha debatido si deben apartarse de la discusión.
Todo comenzó en abril del año pasado, cuando Salvatore Mancuso presentó la tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
A Mancuso le habían otorgado libertad en dos de tres procesos que la justicia ordinaria en Colombia lleva en su contra, pero en el otro fue imputado y decretada una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra.
Ante esto, el ahora gestor de paz apeló, aunque el Tribunal de Bogotá negó el recurso en enero de 2021 y la Corte Suprema lo reafirmó en marzo de 2022.
Para la Sala de Casación de la Corte Suprema, “es claro que el solicitante en esta oportunidad incumple nuevamente el deber de acreditación de la exigencia normativa”, que es el no haber cometido delitos después de desmovilizarse.
Salvatore Mancuso se desmovilizó de las autodefensas en 2004 cuando buscó acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. A pesar de esto, fue extraditado a Estados Unidos, en donde fue condenado en 2015 por conspiración para fabricación o distribución de cocaína.
El exparamilitar argumenta que su estancia en ese país no le ha impedido participar activamente en todos los procesos en los que Justicia y Paz lo citó.
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En la tutela, Mancuso pide que se le garantice su presunción de inocencia y que se le permita estar en libertad mientras los procesos penales en su contra continúan. Según la demanda, la posición del Tribunal y de la Corte “establece una talanquera arbitraria y discriminatoria”.
Esta pretensión fue rechazada por la Sala Civil y luego por la Laboral de esa alta corte. Ahora la Sala Plena de la Constitucional tendrá la última palabra.
Si esa instancia declara que Mancuso quede libre, la ley de gestores de paz dice que tendrá que seguir atendiendo las citaciones que las autoridades judiciales le impongan, dado que ninguno de sus procesos se detiene. Mientras tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JPE) sigue investigando si puede permitir su sometimiento.
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