El primer argumento que esgrimen los políticos en su defensa cuando se abre contra ellos o sus allegados cualquier tipo de investigación es que se trata de una persecución política. Puede ser cierto. La historia está llena de procesos injustos, pero también de causas que condujeron al desenmascaramiento de criminales que, escondidos en la actividad política, cometieron toda clase de ilícitos. La justicia siempre es la que tiene la última palabra, y hay que dejarla actuar.
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La expresión “persecución política” tiene impacto inicialmente en las filas de seguidores de los políticos, que creen a rajatabla en la inocencia de sus líderes. La pasión y devoción que sienten los prosélitos por sus jefes les nubla la visión, aunque también hay partidarios que, a sabiendas de que sus dirigentes están incursos en conductas ilícitas, los exculpan sin el menor asomo de ética. En todo caso, la presunción de inocencia debe prevalecer hasta que la justicia pruebe lo contrario.
En Colombia abundan los casos de una u otra categoría. Todavía se recuerdan las palabras del narcotraficante Pablo Escobar en 1984, cuando, detrás del disfraz de político, se comenzaron a ver las puntiagudas y afiladas orejas del atroz criminal que era: “Denuncio públicamente la persecución política de la que he sido objeto por parte de miembros de las bancadas opositoras y de la misma Corte Suprema [de Justicia], así que he tomado la determinación de renunciar a mi calidad de congresista para defender mi honorabilidad y mi inocencia desde la vida civil”.
El nexo con grupos armados ilegales y con el narcotráfico ha sido una veta en la que la justicia ha encontrado y juzgado políticos delincuentes durante años. La parapolítica es quizá el caso más emblemático, aunque también se iniciaron investigaciones por la denominada Farcpolítica, en la cual el caso más representativo es el de la política Piedad Córdoba, hoy senadora por el Pacto Histórico.
Ella también ha esgrimido el manido argumento de la “persecución política” desde cuando comenzó a ser acusada de tener vínculos con las extintas Farc y con Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, casos por los cuales la investiga la Corte Suprema de Justicia. Y volvió a usarlo en febrero del año pasado, después de que su hermano Álvaro Córdoba fuera capturado en enero con fines de extradición a Estados Unidos por haber incurrido presuntamente en el delito de narcotráfico.
Córdoba fue capturado en enero de 2022 en Medellín, junto con Libia Amanda Palacio Mena (alias ‘Amanda’) y Alberto Alonso Jaramillo Ramírez. Los tres fueron señalados de hacer parte de una red de narcotráfico de la disidencia de alias ‘Gentil Duarte’, en donde habrían coordinado el envío de estupefacientes desde el sur occidente de Colombia en Valle, Cauca y Putumayo.
En esa oportunidad, la congresista escribió en X: “Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados”. En seguida, desafió a quienes osaran acusarla. “Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”. En otro trino, anunció que denunció ante la Comisión de la Verdad “los sucesivos montajes aún no esclarecidos” en su contra. “Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar [sic] cómo [sic] no lo han hecho las anteriores”.
Pero fue su propio hermano el que le dio la razón a la justicia de Estados Unidos y de un solo totazo tumbó como si fuera un castillo de naipes el argumento de la “persecución política”. Álvaro Córdoba se declaró culpable de los delitos relacionados con el narcotráfico que le habían imputado en el país del norte. Este martes, en una audiencia programada por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Álvaro Córdoba habría reconocido que participó en el envío de cocaína hacia Nueva York.
A Álvaro Córdoba le resta esperar la sentencia que le dicten para pagarla en una cárcel estadounidense. El monto de esa condena se conocerá en abril próximo. Ante semejante situación, lo único que quedaría sería, en un escenario por demás improbable, que se argumentara que al hermano de la senadora se le haya obligado o inducido a autoinculparse, porque, en su caso, lo de “persecución política” no cuadra.
Basta de persecución política contra mi y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial.
— Piedad Córdoba (@piedadcordoba) February 4, 2022
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