El representante de la Fiscalía Primera Delegada Para Las Finanzas Criminales de Bogotá, imputó cargos a Jorge Alexander Pérez Torres ‘Chatarrero’ y a su esposa Olga Lucía Méndez Mora.

Asimismo, a Gerardo Benavides González, Carlos Enrique Navarro Poveda y Eduardo Delgado Rodríguez, todos por lavado de activos. El caso corresponde a los dineros que fueron entregados para la ejecución de las obras de la Unidad Deportiva de la calle 42 de Ibagué y que nunca se adelantaron.

El delegado explicó, que el fin era apropiarse de los dineros y no adelantar la obra de los escenarios deportivos. Así que, ante el Juzgado Segundo de Control de Garantías, les imputó a todos los detenidos el delito de lavado de activos con los verbos rectores de ocultar su destino, transformación e invertir, los cuales ninguno aceptó.

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El delegado fiscal dijo que el dinero fue entregado al Consorcio Unidad Deportiva 2015, cuyo representante legal era Pérez Torres, en razón del contrato de obra 074 para la adecuación y construcción de la Unidad Deportiva de la calle 42.

Agregó la Fiscalía, que Pérez Torres se apropió del 20 por ciento del dinero de la obra y a sus bolsillos ingresaron dos mil 78 millones 958 mil pesos, por concepto de nómina y proveedor a través de movimientos de la plata del anticipo que llegó al consorcio. De allí, pasó a Almodena y a Boylam. Los recursos nunca fueron invertidos en las obras. 

Indicó el Fiscal, que luego del estudio de trazabilidad del dinero que recibió el ‘Chatarrero’, primero recepcionó el dinero en su cuenta de Bbva y luego hizo una transacción a la cuenta Banesco de Panamá, por cerca de 700 millones de pesos. Asimismo, a una cuenta Davivienda en el país centroamericano.

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Relató el Fiscal, que el ‘Chatarrero’ salió en múltiples oportunidades rumbo hacia a Panamá, al igual que su compañera sentimental con quien convive y tienen un hijo en común. Fueron capturados en la misma vivienda, pero no registran su relación como pareja. 

Todas las personas fueron capturadas el jueves en la mañana, en Bogotá, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. La legalización de las capturas fueron apeladas por la bancada de la defensa.