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Al capitán Nelson* le pesó más el estigma social sobre el VIH que una hoja de vida sin tacha. Nelson comenzó desde abajo en las filas, pero al momento de diagnosticarle el Virus de Inmunodeficiencia Humana, en su uniforme lucía tres estrellas doradas que daban cuenta de su largo recorrido en el Ejército Nacional.
Pero ni las tantas condecoraciones que colgaban de su chaqueta lo salvaron de ser señalado y excluido del servicio militar cuando se enteraron de su enfermedad. Desde entonces, el capitán Nelson no dejó de batallar por sus derechos y 23 años después ganó la pelea contra el Estado.
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Su lucha se remonta al año 2001, cuando el capitán llevaba casi 15 años de servicio en la institución. Durante los chequeos de rutina, los médicos descubrieron que algo no andaba bien con la salud de Nelson y los exámenes arrojaron un resultado positivo para VIH.
A partir de ese momento, al capitán Nelson le tocó pelear en doble vía: contra el virus para salvar su vida y contra el estigma para salvar su profesión.
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Su carácter determinado le obligó a seguir en pie, cumpliendo punto por punto las recomendaciones de los médicos tratantes.
Para iniciar el tratamiento, la primera sugerencia de los galenos fue recluirse en el Batallón de Sanidad y allí estuvo por al menos un año. Luego, la sugerencia fue que el capitán Nelson podía volver a su servicio, siempre y cuando fuera reubicado en un lugar alejado de personas enfermas y zonas de combate.
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Todo estaba dado para que el capitán Nelson pudiera continuar su vida militar con normalidad, pero en febrero de 2009 la junta médica de la institución tuvo una nueva valoración y se determinó que el capitán ya no podía continuar. Entonces declararon la pérdida de su capacidad laboral en un 100% y lo retiraron del servicio por invalidez.
En ese momento, Nelson sintió que todos sus derechos habían sido vulnerados, no había razón para expulsarlo del Ejército, pues nunca había estado incapacitado, el tratamiento de los médicos había sido oportuno y la carga viral ya no era detectable, era un paciente asintomático.
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A todo eso se le suma que, en palabras del capitán, en el Ejército no había una política clara y mucho menos definida para temas de reubicación de personas con VIH. Y para ese momento, los protocolos sobre el tema brillaban por su ausencia.
Para defenderse, lo primero que hizo el capitán fue instaurar una tutela contra el Ministerio de Defensa para que se le reconociera su derecho a regresar al Ejército, pero con ella llegó la primera derrota y es que en 2012, el Tribunal Superior de Bogotá negó sus pretensiones. Sin embargo, Nelson no se rindió e impugnó esa decisión y esa vez sí ganó. El fallo le dio la razón al capitán y se ordenó su reintegro a las filas militares.
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Pero no era el fin de su batalla jurídica. La sentencia a su favor tampoco fue suficiente para frenar los señalamientos dentro del Ejército, y cuando el capitán intentó ascender, fue descalificado del curso por supuestamente no cumplir con las aptitudes psicofísicas.
Le negaron el ascenso y lo sacaron del concurso sin importar sus condecoraciones, sus altos puntajes, los ascensos anteriores y las valoraciones médicas que apuntaban a que sí era idóneo, que tenía buena salud física y psicológica para el nuevo cargo. Al parecer, pesó más su condición como portador de VIH.
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Para el capitán esa no fue una derrota, sino una oportunidad para escalar su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2013 su abogado alegó ante el máximo tribunal que a Nelson se le habían vulnerado sus derechos al trabajo, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de escoger profesión u oficio, libertad de conciencia, honra y dignidad humana. Todo por el VIH.
La CIDH revisó el caso y en 2020 notificó la decisión de llegar a una solución amistosa, ya no con MinDefensa sino con el Estado directamente. El paso a seguir fue suscribir un acta de entendimiento entre las partes para llegar a esa solución por lo que hasta 2021 se comenzó con el proceso de negociaciones.
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Para conciliar, la intervención de la Procuraduría 119 Judicial II jugó un papel fundamental. El proceso estuvo a cargo de la procuradora Goethny Fernanda García, quien logró un acuerdo para ambas partes.
Inicialmente, el Ministerio Público citó a las partes para escuchar las pretensiones de cada lado. En esa primera audiencia, el Estado propuso una fórmula de reconocimiento de beneficios y estaba en manos del capitán y su familia, reconocidos como víctimas, aceptar o no dicho acuerdo.
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Por un lado, las peticiones del capitán Nelson eran recibir 1.200 salarios mínimos legales vigentes por las afectaciones y daños morales. Mientras que el Estado planteó la posibilidad de entregar apenas 300 salarios mínimos legales vigentes.
Ante el desacuerdo de las partes, la Procuraduría instó a llegar a una conciliación de 400 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 100 para cada miembro de la familia y 100 más para el capitán Nelson a raíz de ser víctima directa.
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Después de varios intentos, ambas partes quedaron conformes y firmaron el acuerdo de conciliación el pasado 7 de febrero de 2023, avalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“Los procesos conciliatorios evitan muchos litigios. Siempre es mejor que irse a un pleito largo donde el Estado podría perder el caso y pagar mucho más dinero que el conciliado, un presupuesto muy alto teniendo en cuenta el contingente judicial que hay en Colombia”, explicó Goethny a El Colombiano.
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La batalla del capitán Nelson surtió frutos en ambos sentidos. Logró su reintegración, ratificó sus pretensiones económicas y reafirmó su vida junto con sus capacidades físicas superando el estigma que cargan los portadores de VIH.
*Se cambiaron los nombres por petición de la fuente.
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