violencia de género

Más de 20 jóvenes participaron en talleres de reflexión sobre convivencia y equidad en La Candelaria.

Más de 600 mujeres mayores de estas localidades ya participan en actividades de emprendimiento y apoyo social.

La Jurisdicción Especial para la Paz imputó cargos tras documentar 32 masacres ocurridas en la región Caribe.

La familia enfrenta obstáculos económicos y logísticos, mientras espera resultados en la investigación.

Mediante la sentencia T-348, el ente estableció que las críticas a mujeres con reconocimiento público deben referirse a su gestión y no convertirse en ataques.

La decisión judicial obliga a retractarse tras la entrevista realizada por Daniel Samper Ospina.

El 45 % de los casos atendidos por la Secretaría Distrital de la Mujer en 2026 incluyó agresión emocional.

El caso ocurrió el 6 de octubre y ha generado conmoción por la gravedad de las lesiones y el difícil entorno familiar.

Las declaraciones han impulsado llamados a fortalecer los protocolos internos y la transparencia en el partido.

Carlos Mario Rodríguez Rosas permanece en prisión mientras enfrenta cargos por presunto feminicidio agravado y acceso carnal violento.

El tribunal subrayó que la cosificación vulnera la labor pública de las mujeres y limita el debate democrático.

La investigación involucra a siete personas detenidas tras operativos realizados en noviembre en el Valle del Cauca.

En Usaquén viven más de 310.000 mujeres, un 53,8 % de la población de la localidad.

El intercambio elevó las tensiones al exponer señalamientos de violencia y debates sobre misoginia en X.

La víctima tenía 26 años y el presunto responsable fue capturado horas después por la Fiscalía.

La víctima y el presunto responsable habrían terminado su relación días antes del trágico suceso.

Según el testimonio de la joven, su expareja la golpeaba con una pistola y la sometía a constantes agresiones.

La iniciativa contempla acciones piloto en Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco, municipios rurales priorizados.

El informe señala que al menos 18.677 menores fueron víctimas de estos abusos entre 1971 y 2016.

El procedimiento policial se realizó en la carrera 86 con calle 1, tras un control de antecedentes.

El proceso judicial arrancará con testimonios de víctimas que sobrevivieron al conflicto armado colombiano.

El procesado, de 63 años, fue capturado tras intentar huir del sector donde ocurrió el ataque.

De enero a junio de 2026, al menos 11 feminicidios fueron reportados en Bogotá por la Fiscalía.

El 3 de noviembre de 2026, la JEP imputó cargos por delitos atroces a once antiguos miembros de las Farc.

El caso ha generado manifestaciones de rechazo y ha revivido la preocupación por la violencia de género en Santander.

El presunto responsable, de 63 años, fue detenido en flagrancia horas después en San Gil.

Familiares relatan que la víctima se había refugiado junto a sus tres hijos tras constantes amenazas.

El fondo homónimo, lanzado en 2026, busca acompañar y proteger a colegas que enfrentan riesgos similares.

Más de mil profesionales de empresas y entidades en la ciudad ya han participado en estas jornadas.

Interceptaciones telefónicas y documentos médicos fundamentaron el proceso abierto en 2023 en la Corte.

El pliego de cargos se fundamenta en pruebas recolectadas durante procesos internos realizados entre 2024 y 2025.

El presunto responsable aún permanece hospitalizado tras autolesionarse el día del crimen.

Autoridades locales intensifican las pesquisas mientras familiares organizan homenajes en su memoria.

La repatriación de su cuerpo hacia Tolima está programada para el 31 de octubre en la madrugada.

La víctima sufrió quemaduras graves en el rostro y el cuerpo. Las autoridades capturaron al agresor, quien quedó a disposición de la Fiscalía.

Las alarmas institucionales y comunitarias aumentan ante el preocupante repunte de ataques mortales.

La ceremonia principal se realizará en Bogotá el 30 de octubre y el traslado a Guamo ocurrirá al día siguiente.

El ataque ocurrió tras dos meses de hostigamientos y denuncias previas ante la Fiscalía.

El caso ha provocado una revisión de protocolos penitenciarios y un llamado urgente a reforzar la prevención.