Un lío jurídico de más de 10 años tiene en medio de la zozobra a más de 30 familias que viven en el edificio Bosques de la Sierra, en Itagüí (Antioquia). El último capítulo ocurrió ayer, en la mañana, cuando se dispuso un operativo para el desalojo de un apartamento. Luego de una negociación entre las partes, se suspendió el trámite para el 13 de junio. Pero el problema continúa.

La historia es así. Las familias llegaron al edificio en 2010, ayudados por un subsidio de vivienda. Es decir, la Alcaldía de Itagüí ponía una parte y los compradores ponían el resto. Esa plata se la entregaron a un tercero y este, a su vez, debía darla a Abocol Ltda, la constructora del proyecto.

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Los nuevos propietarios se enteraron, casi tres años después, que la constructora no había recibido el dinero. Desde entonces comenzaron a reclamarle a esa persona, pero esta no les dio respuesta y, dicen, hace tres años, cuando se vio acorralada, se fue para España. Desde 2013 hay un proceso en la Fiscalía por estafa, pero no ha avanzado y los propietarios están hoy a la deriva.

Una de las afectadas es una mujer llamada Aidé, quien dice que lleva años luchando con abogados. “La persona nos dijo que nos entregaba todo a paz y salvo, pero nunca nos dijo nada. A los tres años llegaron unos documentos de embargo de unos apartamentos. Nos dijeron que unos iban para embargar y otros para remate. Ahí comenzó la lucha”, comentó la mujer.

Y eso fue precisamente lo que pasó ayer. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí determinó el remate de uno de los apartamentos. En palabras simples, la empresa constructora demandó, pues a sus manos nunca llegó la plata, y la manera de recuperarla es con los apartamentos, en este caso rematándolos.

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Consultados al respecto, desde la Alcaldía de Itagüí contestaron que su deber era acatar la orden del juez y acompañar el proceso de entrega del apartamento. Hay que recordar que son varios los procesos abiertos, el que resolvió el juzgado es solo uno de ellos. Por eso, muchos de los propietarios temen que se resuelva en su contra y, a la fuerza, deban devolver los apartamentos.

Los propietarios se sienten a la deriva y defraudados por los nulos avances en el caso de estafa. Siguen viviendo en la zozobra al no saber qué pasará con sus apartamentos, y con la certeza, al menos, de no confiar en un tercero que vuelva a ponerlos en aprietos como el presente.

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