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Un nuevo caso de reclutamiento infantil por parte de grupos armado al margen de la ley denunció este lunes la Gobernación de Antioquia.
“En las últimas semanas se conoció un caso en el municipio de Briceño, y establecimos contacto con agencias de cooperación internacional con el ánimo de contribuir en caminos que conduzcan a una pronta recuperación de la persona menor de edad reclutada”, expresó la secretaría de Seguridad en un comunicado.
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El Colombiano pudo establecer por fuentes extraoficiales que al parecer la víctima de reclutamiento fue una mujer, menor de edad y que los presuntos autores de esta infracción al Derechos Internacional Humanitario (DIH) habían sido las disidencias del Frente 18 de las extintas Farc que actúan en el Norte del departamento.
En días pasados, también la defensora del Pueblo de Antioquia, Yucelly Rincón, le confirmó a este diario del incremento del fenómeno del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en varios municipios de esta subregión como San Andrés de Cuerquia, y Toledo, extendiéndose también a las zonas de Bajo Cauca y el Nordeste. En particular, según la funcionaria, habría un incremento del 300% en Ituango, cuya zona rural está dominada por el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), donde este año se han reportado 63 casos, frente a 21 del año pasado, “y eso que hay subregistro”.
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De acuerdo con la Gobernación, estos hechos no solo son una infracción al DIH, sino a la denominada Paz Total que adelanta el Gobierno Nacional con estos actores que a la vez “continúan delinquiendo en Antioquia”.
“Vemos con preocupación esta situación, que es recurrente, y ante los casos particulares de reclutamiento uso y utilización, activamos la ruta de atención para contribuir a salvaguardar los derechos y la vida de los menores”, dijo el secretario de Seguridad, general (r) Luis Eduardo Martínez.
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Por ello, adelantó que el tema ya fue puesto en conocimiento de la Comisión de Verificación de Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Icbf y otros organismos encargados del restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados.
Además, esa misma secretaría dice haber documentado otros incumplimientos a la Paz Total, como desplazamiento forzado, confinamientos de población civil y confrontaciones armadas.
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De hecho hace mes y medio, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) produjo un informe en el cual destacó un aumento del 1.112 por ciento de las situaciones en que los pobladores quedan atrapados en sus propios territorios. Esto comparando el año 2023 con el 2022, siendo las zonas más afectadas el Norte y el Nordeste antioqueño.
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Ese mismo informe indicó que el año pasado se contabilizaron 1.224 casos de personas confinadas en el departamento, mientras que el año precedente la cantidad fue de 110. Todo esto, luego del gran pico que hubo en 2021, cuando se presentaron 4.961 personas confinadas.
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